La tormenta judicial que rodea a Pedro Sánchez

La política española lleva meses mirando más hacia los tribunales que hacia el Parlamento.

Investigaciones, informes policiales, juicios y sentencias afectan a personas muy próximas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su esposa, su hermano y varios antiguos dirigentes del PSOE se encuentran en situaciones judiciales diferentes.

Sin embargo, conviene aclarar algo desde el principio.

Según la información pública disponible a 18 de julio de 2026, Pedro Sánchez no figura como investigado en estas causas. La responsabilidad penal es individual y no puede trasladarse automáticamente de una persona a otra.

Begoña Gómez irá a juicio

Begoña Gómez, esposa del presidente, será juzgada ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la celebración del juicio, aunque ha eliminado otras acusaciones que figuraban anteriormente en el procedimiento y ha levantado las medidas cautelares que le impedían salir de España.

El caso está relacionado principalmente con su actividad en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y con el desarrollo de una herramienta informática financiada por distintas empresas.

La Audiencia considera que existen indicios suficientes para celebrar el juicio. Eso no significa que Gómez sea culpable. La culpabilidad solo puede establecerse mediante una sentencia dictada después del proceso judicial.

La condena a David Sánchez

La situación judicial de David Sánchez, hermano del presidente, es diferente porque ya existe una sentencia.

El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz lo condenó a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa.

El tribunal consideró irregular la modificación de su puesto en la Diputación de Badajoz. No recibió una pena de prisión y fue absuelto del delito de tráfico de influencias.

Su defensa ha anunciado que recurrirá, por lo que la sentencia todavía puede ser revisada por tribunales superiores.

Este matiz es importante. Existe una condena, pero todavía no es necesariamente definitiva.

Ábalos y Koldo ya han sido condenados

Uno de los golpes políticos más graves para el PSOE ha sido la condena del antiguo ministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

El Tribunal Supremo condenó en junio de 2026 a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por los delitos juzgados en la pieza relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos no era un dirigente menor. Fue ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y una de las personas de confianza de Sánchez durante varios años.

La condena no demuestra que el presidente conociera sus actividades, pero sí provoca una pregunta política difícil de evitar.

¿Cómo pudieron alcanzar tanto poder personas que terminaron protagonizando una de las mayores crisis judiciales del partido?

Santos Cerdán continúa investigado

Santos Cerdán sustituyó a Ábalos como secretario de Organización del PSOE y también fue una figura esencial dentro del círculo político de Sánchez.

Cerdán está investigado por su presunta participación en una trama de comisiones relacionadas con adjudicaciones de obra pública.

Pasó varios meses en prisión provisional, aunque el Tribunal Supremo ordenó su libertad en noviembre de 2025 al considerar reducido el riesgo de destrucción de pruebas. Continúa sometido a medidas cautelares, como comparecencias periódicas y la prohibición de abandonar España.

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil conocido en julio de 2026 sostiene que Cerdán y su familia habrían disfrutado de más de 323.000 euros procedentes de la empresa Servinabar. También señala ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido.

Se trata de conclusiones policiales incorporadas a una investigación, no de hechos declarados probados mediante sentencia.

El caso Leire Díez aumenta la presión

Otro procedimiento investiga las supuestas maniobras de Leire Díez para obtener información perjudicial contra miembros de la Guardia Civil, fiscales y personas relacionadas con otras investigaciones judiciales.

La causa ha alcanzado a antiguos responsables cercanos al PSOE y al Gobierno. Entre ellos se encuentra Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos.

También han declarado como investigados responsables de la Guardia Civil, aunque todos ellos niegan haber participado en actuaciones ilegales.

La investigación deberá determinar si existió realmente una estructura organizada para obstaculizar procedimientos judiciales o si algunas de las relaciones analizadas no tuvieron relevancia penal.

Justicia y política no son lo mismo

Los partidos suelen utilizar los procesos judiciales como armas políticas.

La oposición presenta estas causas como una demostración de corrupción generalizada alrededor del presidente. El Gobierno y el PSOE denuncian en algunos casos una ofensiva judicial y política destinada a debilitar al Ejecutivo.

Ninguno de esos discursos sustituye a las pruebas.

Una investigación no equivale a una condena. Una acusación popular tampoco demuestra por sí sola que se haya cometido un delito. Pero ignorar la acumulación de casos sería igualmente irresponsable.

La presunción de inocencia debe proteger a cualquier investigado, con independencia de su apellido o de sus ideas políticas.

La responsabilidad que sí corresponde al presidente

Pedro Sánchez no puede ser considerado penalmente responsable por las actuaciones de su esposa, su hermano o sus antiguos colaboradores sin pruebas que lo relacionen directamente con ellas.

Pero la responsabilidad política funciona de otra manera.

Un presidente elige ministros, nombra colaboradores y entrega poder a determinadas personas. Cuando varios de esos nombramientos terminan envueltos en investigaciones o condenas, resulta legítimo examinar sus decisiones, sus controles internos y su capacidad para detectar comportamientos irregulares.

La cuestión central ya no es únicamente cuántos casos existen.

La verdadera pregunta es si las instituciones y los partidos cuentan con mecanismos suficientes para impedir que la confianza personal sustituya a la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los tribunales decidirán las responsabilidades penales.

Los ciudadanos decidirán las políticas.