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martes, 9 de noviembre de 2010

El ladrillo no toca fondo, las previsiones son catastróficas.



Hace unos días se hicieron públicos uno de los datos más fiables y certeros para tomar el pulso al sector de la construcción, los que facilita la Cepco (confederación española de asociaciones de fabricantes de productos de construcción).


Los datos no han podido ser más alarmantes, el sector lanza un desesperado S.O.S ante la continua vulneración de la nueva Ley de Morosidad que impulsó el actual ejecutivo para evitar una catástrofe de tintes apoteósicos en el otrora sector principal del PIB español.

Y es que promotoras y constructoras están alargando sus pagos a proveedores de tal manera que asfixian a los principales fabricantes de productos de la construcción. Los fabricantes estiman que se han perdido 260.000 empleos desde el primer trimestre del 2.008 hasta ahora a consecuencia de los continuos impagos; devastador.


Lo que más puede molestar de la noticia es que ese impago generalizado es común tanto en la empresa privada como en organismos oficiales, la proporción es de un 60% la empresa privada y un 40% la pública. Un dinero necesario en el sector como el comer ante las perspectivas. Estamos hablando de 15.600 millones de euros, que se dice pronto.

Lo que se augura en el total del sector es digno de la mejor de las películas de terror, la actividad seguirá decreciendo (sobretodo por los recortes en la obra civil, dónde se espera una caída de actividad del 30%) en el 2.011 ya que los colegios de arquitectos del país están visando menos obras que el año pasado.


Os dejo la noticia para que la analicéis con todo tipo de detalles, no tiene desperdicio:

El sector de la construcción caerá otro 10% en 2011 y se iniciarán menos de 100.000 viviendas

· Según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco)

· Cepco ha denunciado el incumplimiento de los plazos de la nueva ley de morosidad*

Tras cumplirse los primeros 100 días de la aplicación de la reforma de la ley, el presidente de Cepco, Rafael Fernández, ha indicado que las empresas están buscando ‘triquiñuelas’ para ‘tergiversar’ la ley de morosidad, mientras que las administraciones públicas se declaran en banca rota para eludir el pago a tiempo.

Así, denunció que el mecanismo más habitual y ‘más preocupante’ son los llamados ‘pactos de espera’, que consisten en que la empresa da un 'confirming' teóricamente a 120 días, pero pacta con la entidad financiera que a ellos no les pase el cobro hasta los 90 días posteriores, para que finalmente sumen 210 días. Además, los gastos de esa financiación extra están incluidos en el precio de oferta.

Para Cepco, esta práctica además de estar prohibida por el incumplimiento de los plazos de pago, también resulta ilegal porque los precios tienen que ser transparentes. Además, para la confederación resulta preocupante porque influye en el precio final, ya que incluye los intereses de los pagos.

Según el vicepresidente de Cepco, Javier Martínez, ‘la banca es la primera que está fastidiando’, porque en ella está la opción de aceptar o no los pagos a 210 días.

Los datos que han recopilado los fabricantes de materiales de construcción ponen de manifiesto que entre las principales administraciones y empresas 'incumplidoras’ de los nuevos plazos de pago se encuentran las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia, Madrid y Barcelona, y empresas como Ferrovial y Befesa. En cambio, destacan que Dragados y Ditrasa se encuentran entre las compañías que cumplen la ley ‘de manera tajante’.

El presidente de Cepco ha resaltado la necesidad de una ‘aplicación rigurosa’ de esta ley debido a la mala situación que sufre el sector de la construcción. Así, ha querido recalcar que las administraciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo, algo que hasta ahora no están haciendo, y efectuar los pagos en los plazos establecidos por la nueva ley. De ser así, muchas empresas dejarían de justificarse ‘con la excusa de que si las administraciones no pagan, la empresa no puede hacer frente a los pagos’.

Asimismo, Cepco advirtió de que estará presente en las juntas de accionistas de las empresas del sector, tal y como permite la ley, para asegurarse del cumplimiento de los plazos de pago. En este sentido, indicó que intentarán que las empresas que no cumplen ‘tengan el estigma’ en sus informes de auditoría y la opinión pública conozca cuales son las empresas cumplidoras con la ley y las que son ‘tramposas’.

Además, si detectan casos que sean flagrantes y repetidos’, los fabricantes de materiales de construcción acudirán a los tribunales, ‘aunque es el último paso porque es algo desagradable’, afirmó el presidente de Cepco.

A la espera de que administraciones y empresas cumplan de manera tajante la ley de morosidad, la deuda completa del sector de la construcción asciende a 15.000 millones de euros, a los que hay que añadir el 8% de intereses, que resultarían 600 millones de euros más, según datos de Cepco.

La cifra final de deuda, según el vicepresidente de la organización, sería un montante de 15.600 millones de euros, de los que un 40% corresponden a las administraciones públicas y el 60% a las empresas privadas. Este dato, se diferencia con el de los años de bonanza, donde el porcentaje que abarcaban las administraciones alcanzaba el 75%.

Para el presidente de Cepco, lo importante de esta cifra es el número de empleos que a consecuencia de impagos se han destruido, que cifran en 260.000 desde el primer trimestre de 2008. En su opinión, la situación económica del sector ‘sigue siendo mala’, ya que no cree que comience la recuperación hasta el próximo año.

Pese a que los datos oficiales sólo abarcan hasta el mes de julio, la asociación espera que al cierre de 2010 no se superen las 100.000 viviendas iniciadas y tampoco las 230.000 viviendas terminadas. Además, para el año que viene, ‘a la vista de cómo han ido los visados de viviendas del Colegio de Arquitectos’, tampoco se alcanzarán las 100.000 viviendas iniciadas y apenas las 200.000 terminadas.

Cepco prevé que ‘la actividad del sector tendrá una bajada de al menos otro 10% en 2011’. Además, la asociación espera una caída del 30% en obras civiles por la reducción de las partidas presupuestarias, por lo que el augurio final es que ‘en 2010 no se ha tocado fondo, y se espera que lo haga tras pasar 2011’.

*La nueva ley de morosidad fija un plazo máximo de 60 días para los pagos de las empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.


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