La Monarquía se tambalea peligrosamente por vez primera en democracia.

Los españoles nos hemos ido acostumbrando, a golpe de titulares, a las sorpresas, pero difícilmente asimilamos las de carácter mayúsculo. La imputación de la Infanta Cristina supera con mucho el nivel de inflexión. Y más aún cuando coincide con un momento en que la Monarquía tiene mayor número de frentes abiertos y en que, en fin, los rabiosamente anti-monárquicos (que cuentan con el apoyo firme de los cada vez más numerosos antisistema) se encuentran más fuertes.

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Quizás la primera sorpresa es que la imputación la realice un Juzgado y no el Tribunal Supremo. Y ello es debido a que en España el aforamiento sólo alcanza al Gobierno y a las Cortes. Por lo demás sólo el Rey, en virtud del artículo 56.3 de la Constitución, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, de manera que sí lo están los miembros de la Familia Real, cuyo estatuto jurídico es idéntico, pues, al del resto de los ciudadanos.

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Hace algo más de un año, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca denegó la solicitud del sindicato Manos Limpias de imputación de la Infanta. La Fiscalía sigue oponiéndose a la misma. ¿Qué ha cambiado en estos trece meses para el Magistrado Instructor? Lo relata en un Auto cuidadoso, en el que da cuenta de que ha accedido a determinados datos (algunas declaraciones de otros imputados y algunos correos electrónicos) que le obligan a modificar su inicial criterio y a citarla a declarar para que aclare su relación con el Instituto Nóos y con la mercantil Aizoon. Ahora bien explica que estos datos, en sí mismos, carecen, aisladamente considerados, para sustentar la imputación, pero valorados conjuntamente hacen “inevitable” la citación a efectos de despejar cualquier duda sobre su grado de intervención real en la vida de ambas entidades, más aún a la vista de la imputación de la esposa de Diego Torres, para que no se interprete torcidamente como manifestación de distinto trato en razón de suposición institucional.

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Éste es el sentido y razón de ser de la imputación: despejar dudas, aclarar la situación y acreditar el respeto inequívoco del principio de igualdad. Entiendo que no deben buscarse otros móviles, ni sacar otras consecuencias, por más que el hecho en sí revista una enorme gravedad por afectar a una Infantade España y por su falta absoluta de precedentes.

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Desde luego el concepto de imputación comporta una carga peyorativa innegable, pero no es más que la presunta atribución (provisional) de unos hechos penales. El derecho anglosajón aplica para esta situación el concepto de suspect (sospechoso) mientras que en el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal se introduce el de encausado. Ambos parecen menos negativos. Los procesalistas repiten que la declaración como imputado constituye en sí misma una garantía, la del derecho a defenderse incluso de las meras suspicacias y, por decirlo así, de las condenas mediáticas o sociales. Esta idea late también en el Auto del Juzgado, muy medido en forma y fondo.

En todo caso, y por la citada gravedad institucional de la situación, resulta aconsejable la máxima celeridad en la toma de decisiones por el titular del Juzgado en orden a no mantener la imputación, si ésta es la resolución que finalmente se adopta, más allá del tiempo imprescindible.

Enrique Arnaldo Alcubilla, Catedrático de Derecho Constitucional URJC