Portugal o los riesgos de un país gobernado desde un juzgado.

En diversas ocasiones hemos advertido de los riesgos de judicializar la gobernabilidad de un país. Portugal se ha convertido en un buen campo de pruebas de esta perversa estrategia  política. La derogación por su Tribunal Constitucional tras las denuncias de la oposición de algunos recortes aplicados por el Gobierno de Passos Coelho para cumplir con la reducción del déficit impuesta por Bruselas tras el rescate de la economía portuguesa deja al país en una difícil situación de incertidumbre e inestabilidad. Ante la disyuntiva de aprobar ajustes adicionales por 1.350 millones de euros (equivalente al 0,8% de su PIB) o renegociar con Europa las condiciones de su ayuda financiera como pedía la oposición, el primer ministro ha optado de momento por rmeter la tijera en partidas sensibles como sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas.

Medidas que tendrán un fuerte impacto sobre la economía lusa –en 2012 sufrió su mayor caída desde 1975– y dificultarán la rebaja prevista del déficit para este año del 6,6% al 5,5% del PIB (objetivo que la UE amplió hace sólo unas semanas) después de tres años en recesión y con previsiones de que se contraiga otro 2,3%, su deuda pública sume el 122,3% del PIB y el paro supere el 18%. Una situación no tan lejana a la de España, donde tanto la oposición, diversos colectivos y hasta doce gobiernos autonómicos han recurrido al Tribunal Constitucional medidas como el recorte de la paga extra a los funcionarios, los ajustes en educación y sanidad, la amnistía fiscal o la no revalorización de las pensiones con el IPC, entre otras, que equivalen al 1,9% del PIB. Un revés judicial como el sufrido por su homólogo luso obligaría a Mariano Rajoy a improvisar un ajuste draconiano adicional de 19.000 millones mientras la economía nacional se deteriora más rápido de lo esperado, lo que a su vez ahogaría la actividad, el consumo y la inversión.

Passos Coelho está viviendo el peor momento de su difícil legislatura tras el fallo del Constitucional portugués.

Por eso es conveniente una llamada a la responsabilidad de todos los partidos políticos para que diriman sus diferencias sobre la política económica contra la crisis fuera de las instancias judiciales. Desde Europa no se entendería que España, un socio importante de la Unión que reclama ser tomado en serio, protagonizase una réplica del caso portugués con un impacto potencial muy superior sobre la economía comunitaria. Las autoridades europeas ya han mostrado su determinación a ser firmes con los socios díscolos, por lo que la clase política española debería evitar jugar con fuego.