Las taifas-Comunidades Autónomas-Autonosuyas dispuestas a romper la baraja antes de apretarse el cinturón.

La reclamación creciente entre los gobiernos autonómicos para volver a negociar su sistema de financiación menos de cuatro años después de la última reforma esconde la resistencia de las comunidades con mayores déficit a seguir ajustando sus partidas de gasto. Si bien Madrid, la más cumplidora, se ha sumado a las regiones que solicitan un mayor porcentaje de los ingresos que recauda el Estado –y, en concreto, el IRPF–, son Cataluña y Andalucía quienes lideran la petición de fondos. Sus ejecutivos volvieron a desviarse en 2012 del objetivo de déficit máximo (arrojaron un saldo negativo cercano al 2% del PIB, frente al 1,5% permitido), al igual que Valencia, Murcia y Baleares. Las renovadas demandas para obtener recursos adicionales se basan en la supuesta incapacidad para ajustar más sus gastos, un argumento que dista bastante de la realidad.

La abundancia de ingresos percibidos en pleno boom inmobiliario animó a las comunidades a crear macroestructuras más allá de la prestación de servicios básicos con la premisa falaz de que siempre tendrían recursos (tributarios o deuda) para financiarse. La crisis ha quebrado este espejismo y ha puesto en tela de juicio un sistema de financiación concebido para lograr el encaje del Estatuto catalán, generalizando al resto de autonomías las exigencias que recogía esta reforma estatutaria: el 50% del IVA e IRPF y el 58% de los impuestos especiales. Ahondar en esta vía no garantiza que la situación financiera de las autonomías se estabilice a medio plazo, además de que agravaría las diferencias entre ellas, que se han quejado reiteradamente de que el actual sistema es muy poco predecible. Pero ni abrir negociaciones bilaterales con el fin de suavizar las reclamaciones soberanistas de Cataluña ni conceder límites de déficit a la carta, opciones que Hacienda tiene sobre la mesa, solventarían estos graves problemas.

Las regiones absorben un tercio del gasto público total, incluyendo áreas sensibles como la Sanidad o la Educación, y Hacienda pretende que asuman también el coste de determinados servicios públicos que ahora prestan los municipios. Para todo ello afirman necesitar más fondos. Pero, en cambio, no han sabido o no han querido hacer uso de la corresponsabilidad fiscal concedida: sus ingresos tributarios propios son residuales. Por su parte, el Estado apenas dispone de recursos para taponar los agujeros del descontrol autonómico, como ha sucedido en ocasiones anteriores (a no ser que se retiren de los fondos compensatorios del sistema, lo cual sería el golpe de gracia a la solidaridad entre regiones). Ante tantos intereses enfrentados, el acuerdo se vislumbra difícil, sobretodo si se quiere evitar que las comunidades más ricas impongan sus criterios sobre las más desfavorecidas y salvaguardar, de paso, los principios básicos del sistema.