El desenfreno autonómico y el endeudamiento privado, dos colosales enemigos para la ansiada recuperación.

Hemos advertido en múltiples ocasiones desde esta bitácora que la situación de las finanzas autonómicas es vista desde fuera de nuestras fronteras como el principal riesgo para la estabilidad económica de España. Por eso es una buena noticia que el Gobierno haya decidido, en el marco de la creación de la Autoridad Fiscal Independiente que revisará las cuentas de todas las Administraciones Públicas, replicar, por inspiración de las autoridades europeas, el modelo de supervisión a tres bandas generalizado por la UE para el rescate de países como Irlanda, Portugal, Grecia o Chipre, y conocido popularmente como troika. Si en el ámbito europeo han sido la Comisión, el BCE y el FMI los encargados de monitorizar el cumplimiento de las condiciones impuestas a los países auxiliados, en el caso español serán el INE, el Banco de España y la Intervención General del Estado quienes escrutarán a las comunidades autónomas.

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La eficacia de la labor de esta troika interna debe ser determinante para recuperar la confianza de los inversores y de los mercados en la economía española. No sólo porque vaya a poner orden en el descontrol de las cuentas autonómicas, sino también porque eliminará la actual dispersión de criterios estadísticos que en ocasiones ha despertado sospechas de servir para ocultar un posible despilfarro de dinero público. Los funcionarios que se integren en este cuerpo reportarán directamente a la Autoridad Fiscal Independiente. Este organismo, también inspirado en los ya existentes en otros países europeos como Alemania, tendrá la facultad de proponer al Gobierno de turno la necesidad de multar e incluso intervenir directamente alguna comunidad autónoma o ayuntamiento cuyas finanzas estén fuera de control.

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La vara de medir la utilidad tanto de esta troika como de la Autoridad Fiscal será su independencia de criterio respecto a la clase política. Teniendo en cuenta las funciones que se le asignarán (elaborar las previsiones con que se estimen los ingresos y gastos públicos, controlar la ejecución de los presupuestos de todas las Administraciones y la evolución de la deuda pública, analizar las subidas y bajadas de impuestos y el cumplimiento de los objetivos individuales de déficit de las CCAA) es de suponer que esté sometida a muchas presiones. El Gobierno, que se ha reservado el nombramiento del presidente de este órgano, tiene la responsabilidad de escoger a una figura con el suficiente prestigio y reconocimiento como para que sus decisiones no sean discutibles.

El endeudamiento privado sólo se solucionará con sacrificio, esfuerzo y dolor.

La facilidad para acceder al crédito durante la década anterior al estallido de la crisis llevó a empresas y familias españolas a duplicar su nivel de endeudamiento. Una situación que ahora es vista como uno de los principales desequilibrios que arrastra la economía nacional ante la falta de crecimiento, la restricción crediticia y los elevados niveles de desempleo. La Comisión Europea ha alertado al Gobierno de que los niveles actuales de deuda del sector privado (equivalente al 218% del PIB) resultan insostenibles y que sólo una rebaja sensible de estos pasivos permitirá acelerar la ansiada recuperación. Bruselas estima que deberían situarse por debajo del 160% del PIB en los próximos años, tarea harto difícil en las actuales circunstancias.

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Los créditos concedidos a empresas representan dos tercios de esta bolsa de deuda, lo que ha llevado al Fondo Monetario Internacional a estimar en un 20% la necesidad de aligerar su carga financiera. Las recomendaciones del FMI para ello son conocidas: rebaja de costes, mejora de la eficiencia, recorte del dividendo y la venta de activos. Ponerlas en práctica será sin duda el mayor reto a corto plazo para las empresas españolas, sobre todo teniendo en cuenta la anemia de la demanda interna, la ralentización económica que sufren los grandes clientes de la exportación (Francia, Alemania y Portugal), la fuerte caída de la rentabilidad, el escaso dinamismo del mercado de adquisiciones y la falta de liquidez. En el caso de los hogares, la caída de los salarios y el aumento del paro han llevado su ahorro y su capacidad de amortización a mínimos históricos.