Gravar más el capital para que los ricos paguen más es un problema
Gravar más el capital para que los ricos paguen más: ¿solución o problema?
En cada legislatura, el debate sobre cómo hacer que los más ricos contribuyan más al Estado del bienestar vuelve a estar sobre la mesa en España. Sin embargo, encontrar una solución efectiva es otra historia.
Una de las propuestas más repetidas es aumentar los impuestos sobre las rentas del capital. La idea es sencilla: si quienes tienen más ingresos pagan más, se mejora la equidad fiscal. Pero esto plantea una cuestión clave: ¿qué impacto tendría en la inversión y en el crecimiento económico?
¿Cómo tributan las rentas del capital en España?
Las rentas del capital incluyen ingresos como dividendos, intereses bancarios y ganancias por la venta de activos financieros. En España, estos tributan en el IRPF con los siguientes tipos:
- 19 % para los primeros 6.000 euros.
- 21 % entre 6.000 y 50.000 euros.
- 23 % desde 50.000 hasta 200.000 euros.
- 27 % entre 200.000 y 300.000 euros.
- 28 % para importes superiores a 300.000 euros.
Con estos niveles, España se sitúa unos 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea en la tributación del capital.
¿Subir aún más los impuestos al capital?
En noviembre de 2024, el Gobierno decidió incrementar dos puntos la tributación del capital para rentas superiores a 300.000 euros, elevando el tipo máximo al 30 %.
Además, se planteó un nuevo impuesto sobre bienes de lujo, como yates y jets privados, con el objetivo de reforzar la equidad fiscal.
¿Menos inversión como efecto secundario?
El problema de gravar más el capital es que podría afectar a la inversión. Según un estudio de Funcas, aumentar la carga fiscal sobre el capital puede reducir el crecimiento del PIB y afectar al empleo, ya que podría desincentivar la inversión empresarial.
Otro punto conflictivo es que España ya cuenta con el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que combinado con la tributación sobre las ganancias de capital podría hacer que, en algunos casos, el impuesto a pagar supere el 100 % del rendimiento de ciertos activos. En otras palabras, en ciertos escenarios, los impuestos podrían comerse toda la rentabilidad, desincentivando así la inversión y el ahorro.
¿Cómo manejan esto otros países?
La experiencia de otros países muestra diferentes caminos:
- Francia: Tras aumentar los impuestos a las grandes fortunas, hubo una fuerte salida de capitales hacia países con menor presión fiscal, como Bélgica. Esto llevó a una reforma que redujo la carga sobre el capital.
- Dinamarca y Suecia: Tienen impuestos altos sobre el capital, pero lo compensan con una fiscalidad eficiente y servicios públicos de calidad, lo que evita la fuga de inversiones.
En España, de momento, no hay un modelo claro que mitigue los efectos negativos de una mayor presión fiscal sobre el capital.
¿Y a largo plazo?
Un aumento sostenido de impuestos sobre el capital podría reducir el atractivo de España para la inversión extranjera. Sectores como la tecnología, las energías renovables y el turismo podrían verse afectados.
También existe el riesgo de que aumente la evasión fiscal, trasladando patrimonios a países con menor presión impositiva.
Por otro lado, desde un punto de vista social, subir estos impuestos podría mejorar la percepción de justicia fiscal y ayudar a reducir la desigualdad, financiando servicios esenciales como sanidad, educación y políticas de transición ecológica.
Buscar el equilibrio
Para evitar que una mayor carga fiscal desincentive la inversión, se pueden explorar soluciones intermedias:
- - Incentivos fiscales para reinvertir beneficios en innovación y desarrollo.
- - Gravar más el patrimonio improductivo, como viviendas vacías, en lugar de penalizar la inversión productiva.
- - Diferenciar la tributación según el impacto social y medioambiental de la inversión, fomentando el desarrollo sostenible.
En definitiva, aumentar los impuestos al capital puede ser una vía para mejorar la equidad fiscal, pero si se hace sin medidas compensatorias, podría dañar la economía. La clave está en encontrar el equilibrio entre justicia fiscal y competitividad. ¿Será España capaz de lograrlo?
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