La reforma en la administración que se avecina. Los ayuntamientos podrán recaudar más.

Revolución en la administración pública. Tras la reordenación de las competencias, que reforzará a los consistorios y a las diputaciones, el Gobierno reformulará los tributos municipales, que dependen demasiado del sector inmobiliario.

El Gobierno quiere reformar los impuestos municipales para evitar que un buen número de ayuntamientos sigan en el futuro al borde de la ruina financiera. El escenario actual es desolador: los alcaldes acumulan cerca de dos millones de facturas pendientes en el cajón y algunos alcaldes alertan de que no podrán devolver sus deudas a los bancos ni en cientos de años. Además del gasto desorbitado al que se comprometían muchos consistorios (que se han escudado reiteradamente en fundaciones fantasmas para sortear el escrutinio de Hacienda), uno de los mayores quebraderos de cabeza para los alcaldes es la recaudación fiscal. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reconoció ayer que la nueva Ley de Haciendas Locales "redefinirá" las figuras tributarias de los municipios.

El número dos del ministro Cristóbal Montoro, y el encargado de meter en vereda a las regiones y a los municipios, denunció que muchos ediles prefieren "llamar a la puerta" del Ministerio de Hacienda para que suba el IVA o el IRPF (e indirectamente la participación de los tributos del Estado), que subir los impuestos al máximo que le permite la ley. De hecho, mientras que se culmina la reforma de la Administración local, el Ministerio de Hacienda ha tenido que elevar el IBI obligatoriamente en todos los consistorios (lo que les ayudará a cuadrar las cuentas con 1.000 millones extra) y adelantarles las entregas a cuenta para evitar la suspensión de pagos a corto plazo.

Antonio Beteta.

Los últimos datos disponibles evidencian que las arcas públicas de los consistorios están más vacías que nunca. De hecho, la crisis inmobiliaria le ha costado a los ayuntamientos la friolera de 15.000 millones de euros en cuatro años. Si recaudaron 16.662 millones en 2006 gracias al ladrillo, en 2009 sólo obtuvieron 2.525 millones. En 2010 la cifra se redujo a 1.830 millones, un 90% menos que cuando comenzó la crisis.

La reforma de los impuestos locales es aún más urgente si se tiene en cuenta que el Gobierno, lejos de reducir las competencias de los municipios, planea darles más competencias para gestionar los servicios públicos. Eso sí, se dará más poder a las administraciones provinciales para gestionar las prestaciones que otorgan los ayuntamientos más pequeños. Beteta dejó claro que se le dará "más músculo financiero" a las diputaciones. Criticó a los que, como Rubalcaba, piensan que se puede ahorrar 4.000 millones eliminando estos organismos. A su juicio, los servicios que prestan las diputaciones no desaparecerían, por lo que se trasladaría el gasto a otras administraciones. "Ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema", remarcó.

El Gobierno también quiere fomentar las fusiones entre municipios, aunque de manera "voluntaria". Sin embargo, la reforma que prepara Montoro sólo dejará dos alternativas a los municipios pequeños con problemas financieros: o se fusionan o la diputación se encargarán de sus competencias. En este último caso, el ayuntamiento se limitaría a ser un órgano de representación sin demasiadas funciones reales.

La situación apremia. 2.204 ayuntamientos no han presentado los planes de ajuste y 315 han sido evaluados negativamente. ¿Esto qué significa? Que el Gobierno se enfrenta a la tesitura de embargar a estas administraciones las entregas a cuenta. Si no lo hace (aunque sea a costa de dejar a estos municipios muy tocados) el gasto público aumentaría y se dificultaría la consecución del objetivo de déficit público. De hecho, la Federación de Municipios ha pedido que se cree una comisión de trabajo para abordar este problema.

Juan Ignacio Zoido.

El presidente de la Femp, Juan Ignacio Zoido, advirtió ayer que los alcaldes no son, exclusivamente, los culpables de la situación financiera de los municipios. Según el alcalde de Sevilla, "todos sabemos las dificultades de cumplimiento de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, no ya para hacer el presupuesto, sino para realizar la liquidación, lo que ha llevado a retenciones por parte del Ministerio de Hacienda de la participación en los tributos del Estado".

Zoido también quiso dejar claro que "a muchos pequeños ayuntamientos les ha resultado imposible presentar" los planes de ajuste que exige el Plan de Proveedores "al no contar con los recursos materiales y humanos para poder hacerlo en el escaso margen de tiempo (15 días) que se otorgó para enviarlos al Ministerio". Pidió al Gobierno que no se obligue a los alcaldes a destinar el superávit a reducir el endeudamiento neto, una reclamación controvertida en un momento en el que la máxima prioridad es la austeridad.