Las cuentas de España ya no hay quién se las crea en Bruselas. Séneca.

Definitivamente, el 2.011 ha resultado ser un año perdido para la lucha contra la crisis en España... y lo que es peor, una inmensa rémora en la credibilidad país ante los que deben de ayudar a España a salir de su tremenda crisis. El ejecutivo tendrá que aclarar muchas dudas a los inspectores de Bruselas, que visitan madrid por segunda vez desde que gobierna rajoy. España no puede permitirse errores de comunicación en las cifras del déficit, un tema muy peliagudo en europa.

El Gobierno terminó la semana pasada (una de las más negras desde que comenzó la legislatura por culpa de la bolsa, de la primera de riesgo y de Bankia) con un error de comunicación. Y sobre un asunto muy espinoso: la credibilidad de las cuentas públicas. Sólo hay que recordar que Grecia está al borde salir del euro porque manipuló sus cifras de déficit para entrar en la moneda única, lo que pone de manifiesto que la credibilidad de las estadísticas de un país es un asunto demasiado peliagudo para que se cometan fallos de bulto.

En apenas cuatro meses, el Ejecutivo ha dado cuatro cifras distintas de déficit del conjunto de las administraciones. Por ello, los inspectores de la Comisión Europea, que ya visitaron Madrid a comienzos de año para evaluar la desviación del agujero presupuestario que dejó en herencia Zapatero, volverán de nuevo a España para pedir explicaciones a Hacienda, que difundió el viernes a las diez y cuarto de la noche (con nocturnidad y rozando la alevosía) que España tuvo en 2011 un déficit del 8,9%, y no del 8,5%.

Veinticuatro horas antes, Cristóbal Montoro, cuando ya era consciente de que los números rojos se habían desviado de nuevo, aseguraba que se había "dado un paso fundamental para la credibilidad de España y para el reordenamiento del Estado y de nuestro modelo autonómico". Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba el viernes, cuando aún no se había difundido a la opinión pública el desequilibrio en las cuentas del año pasado en Madrid y en Valencia, que en el Consejo de Política Fiscal se había producido un "auténtico pacto de Estado". Ninguno de los dos quiso explicar en esas dos intervenciones ante la opinión pública que el déficit de 2011 ya no era el mismo que se había enviado hace escasas semanas a la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat.

El anuncio del nuevo desequilibrio presupuestario se produjo en una nota de prensa que, días después, deja más preguntas que respuestas sobre la mesa. Por ejemplo, si el desfase de Madrid es de 2.057 millones, el de Valencia de 855, el de Castilla y León de 137, y el de Andalucía de escasos millones (en total, poco más de 3.000 millones), ¿por qué el agujero adicional reconocido es de más de 4.000 millones?

Pero hay más dudas que el Gobierno tendrá que aclarar ante los emisarios de Bruselas. Si el aumento inesperado del déficit de las regiones se debe al plan para pagar las deudas a los proveedores, que ha sacado 27.000 millones de euros de los cajones de las administraciones, ¿por qué sólo se ha revisado al alza el déficit de las comunidades y no el de los ayuntamientos y las diputaciones, que también llevan años ocultando deudas en los cajones? Hacienda también tiene que explicar con más detalle si el desfase obligará a hacer más ajustes del gasto.

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El daño a la credibilidad de las cuentas españolas será difícil de remediar, a pesar de la profesionalidad de la Intervención del Estado, un cuerpo que no puede verse salpicado por errores de comunicación o de la sindicaturas de cuentas de las autonomías. No puede ocurrir lo mismo que con el Banco de España, que cuenta con inspectores de gran valía pero que han visto minada su reputación por la gestión de Fernández Ordóñez, que llegó a asegurar que el sector financiero español estaba fuera de toda duda. De hecho, el BCE supervisará a los auditores independientes que evaluarán la exposición al ladrillo de la banca, una labor que era responsabilidad de Ordóñez.

En definitiva, España no puede permitirse que Eurostat visite cada pocos meses Madrid para evaluar la situación de las arcas públicas, unos viajes que recuerdan irremediablemente a los que realizaban las autoridades comunitarias a Atenas en 2010, cuando el exprimer ministro Yorgos Papandréu desveló que su predecesor había engañado sobre el verdadero estado de las cuentas estatales.

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Sin embargo, que no se deba variar las cifras de déficit constantemente no significa que no sea bueno aflorar el agujero oculto. El Gobierno ha hecho bien al sacar a relucir desde noviembre 29.000 millones que estaban ocultos, un desfase que no es culpa de Rajoy, sino de las comunidades (también de las del PP) y de la incapacidad de la exvicepresidenta Elena Salgado para meter en vereda a las regiones.

En cambio, con la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, el ministro de Hacienda parece que sí se ha tomado en serio el artículo 138 de la Constitución, que proclama que le corresponde al Estado la coordinación de la política económica de todas las administraciones. Es la única forma de que España se separe definitivamente de Grecia: desvelar la verdadera situación del país y adoptar las medidas necesarias para cumplir al dedillo con las exigencias de las autoridades comunitarias.

El nuevo desfase del déficit pone de manifiesto algunos errores que no pueden volver a cometerse. En primer lugar, de las comunidades, que no han sabido ajustar sus gastos a sus ingresos reales. En segundo lugar, de Salgado, que no fue capaz de controlar las comunidades y que, de hecho, fomentó este agujero con unas previsiones demasiado optimistas que nadie se creía. Y por último, de Montoro, que es consciente de que tenía que revisar las cifras de déficit desde al menos el 19 de marzo, cuando el consejero de Economía de Madrid anunció un desfase en sus ingresos de 1.000 millones de euros.

Los nuevos datos de déficit avalan aún más la tesis de que 2011 fue un año perdido. A pesar de que el PIB creció un 0,7%, el déficit sólo se recortó en 4.000 millones de euros. En 2012, con la economía en recesión, habrá que hacer un ajuste 10 veces superior, de 40.000 millones. ¿Misión imposible?