Las autonomías siguen maquillando y Asturias será el chivo expiatorio de Rajoy.

La noticia este fin de semana, más allá de la demostración de convocatoria que aún posee el movimiento indignado del 15-M, ha sido el anuncio por parte del Ministerio de hacienda, el sábado, de intervenir la CCAA de Asturias.

Pero vayamos por partes, el caso asturiano tiene pinta de ser el chivo expiatorio con el que el Gobierno pretende intimidar a las autonomías más insumisas que componen la nación y que tienen un peso y tamaño económico mucho más influyente en el panorama global autonómico. Sin lugar a dudas, el Gobierno avisa a Cataluña, Euskadi y Andalucía con el caso asturiano ya que en Asturias estaban a punto de formar Gobierno autonómico. También se han reivindicado ciertas teorías que comienzan a ganar credibilidad. La más creíble es que Rajoy planea centralizar y acortar pausadamente la administración nacional partiendo desde el costoso Plan de Proveedores y con última parada en la nueva Ley de Haciendas Locales, con la que profundizará en los Ayuntamientos, que se presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este próximo jueves.

Las autonomías deben recortar 7.000 millones más para cumplir con Bruselas.

Lo sorprendente es que las CCAA siguen insistiendo en el "maquillaje" de sus balances y han presupuestado más de 3.000 millones en impuestos inmobiliarios por encima de los que han recaudado en 2011, mientras el mercado sigue cayendo.

El próximo jueves, las comunidades autónomas harán públicos sus planes de ajuste y los votarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En las últimas semanas se han sucedido las reuniones con Hacienda para intentar acercar sus planes al objetivo de reducir el déficit al 1,5% del PIB. A partir del jueves proseguirán, previsiblemente, las negociaciones con el fin de evitar las intervenciones de las autonomías que no aprueben. La más probable, la de Asturias, ante la falta de gobierno en la región. De momento, Bruselas alerta de que las autonomías deben recortar cerca de 7.000 millones de euros adicionales, suma que coincide con las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Según los cálculos de Bruselas desvelados el viernes, España sólo logrará reducir el déficit público del 8,5% al 6,4% este año y al 6,3% en 2013 si no adopta nuevos recortes, debido a las desviaciones en las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Estas cifras quedan muy lejos de los objetivos pactados con la UE del 5,3% en 2012 y del 3% el año que viene.

Por lo que se refiere a la previsión de déficit, la Comisión explica que sus cálculos tienen en cuenta el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, pero no la amnistía fiscal. El Ejecutivo comunitario asegura que con las medidas adoptadas, "el objetivo (de déficit) del Gobierno está al alcance de la mano, pero se prevén desviaciones para los gobiernos regionales". Además, el sistema de Seguridad Social registrará de nuevo déficit debido al deterioro de las previsiones para el mercado laboral.

Fedea estima que sólo tres comunidades van a cumplir: Madrid (con un déficit del -0,8%), La Rioja (-1%) y Galicia (-1,1%). Es decir, esta Fundación cree que 14 autonomías no lo harán. En sus estimaciones, Fedea analiza los presupuestos que presentaron las regiones sin contabilizar los últimos recortes. Sin embargo, coincide en su diagnóstico con la Comisión Europea, que sí los ha tenido en cuenta.

Por su parte, BBVA Research entiende que siete CCAA, País Vasco (-1,8%), Andalucía (-1,7%), Comunidad Valenciana (-2,4%), Cataluña (-2,1%), Baleares (-3,5%), Cantabria (-2,3%) y Extremadura (-2,1%) no lograrán reducir su déficit al 1,5% del PIB sólo con las medidas que ya han aprobado.

Para BBVA, las medidas de ajuste anunciadas ya por los propios gobiernos regionales y el efecto del ajuste del Estado que impacta en las cuentas autonómicas serán suficientes para corregir la desviación. A lo que suma "las reglas de control, la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la necesidad de acudir a mecanismos de financiación apoyados por el Gobierno del Estado, como el plan de proveedores". Sin embargo, advierte de que "ello supone que algunas comunidades deberán realizar esfuerzos de consolidación mayúsculos y que ello impactará en su demanda interna".

José Ignacio Conde-Ruiz.Investigador senior de FEDEA y Co-Director de la Cátedra "Inmigración" Fedea-Banco Popular.

De hecho, José Ignacio Conde-Ruiz, de Fedea, destaca la sobrestimación de ingresos en el Impuesto por Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos y Documentados (AJD). Todas las CCAA salvo Cataluña y Canarias (ligeramente), han presupuestado en 2012 una cantidad mayor que la recaudación por estos conceptos en 2011. Una estimación fiable de la recaudación de estos impuestos en 2012 se puede conseguir aplicando a la recaudación de 2011 la tasa de crecimiento del segundo semestre de 2011 de la ejecución presupuestaria (con respecto al mismo periodo de 2010).

"La razón principal por la que consideramos que puede ser una estimación fiable es porque la tasa de crecimiento promedio del importe total de las hipotecas inmobiliarias constituidas en lo que llevamos de año hasta febrero es muy similar a la registrada en el segundo semestre. Por ello, esperamos que la recaudación de ITP y AJD de 2012 se pueda aproximar como el producto entre la recaudación de 2011 en cada CCAA y la tasa de crecimiento del segundo semestre", apunta el Observatorio de Fedea.

Dicho esto, calculan que las CCAA tienen más de 3.000 millones de euros presupuestados en estos dos impuestos que no van a recaudar. Desde Fedea, el profesor Michele Bodrin destaca que ITP y AJD crean incentivos perversos para los planes de gasto e inversión de las CCAA y llama a reformar estos impuestos.



En conjunto, Fedea ha encontrado 12.235 millones de euros en sobrestimación de ingresos, 6.235 millones de recursos del Sistema de Régimen Común, y 6.000 por ITP-AJD y por las Transferencias de Capital.

Asturias reclamará por el anuncio de intervención.

Aunque el PP gobierna en casi toda España, el cálculo político está muy presente en las negociaciones previas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo jueves. Durante las últimas semanas, se ha especulado con la posibilidad de que fueran intervenidas Cataluña o Andalucía, o sobre la conveniencia de que lo fuera antes una autonomía regida por los populares, por ejemplo, Comunidad Valenciana o Murcia. Sin embargo, el pasado sábado Hacienda anunció que estudia intervenir Asturias sobre la base de que un Gobierno en funciones no puede adoptar compromisos de ingresos y gastos. Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudien la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante la imposibilidad de Asturias de aprobar su plan económico.

Enrique Álvarez Sostres.

Este anuncio encendió ayer los ánimos en el Principado. El diputado de Foro Enrique Álvarez Sostres consideró que es el ataque "más humillante y arbitrario" que ha sufrido la región en democracia con el fin de convertirla en un "ariete y una cobaya" para dar ejemplo. "Asturias es reo de una villanía al interferir Rajoy de una manera escandalosa en la formación del futuro gobierno", señaló.

A su vez, el Ejecutivo asturiano aseguró que reclamará al Estado por los perjuicios económicos que el anuncio puede tener en la financiación de la deuda. Calificó el comportamiento del Gobierno central de "desleal, irrespetuoso, antijurídico y contrario a la lealtad institucional", y se mostró convencido de que la amenaza generará un "importante descrédito y caída inmediata del ráting".

Mariano Rajoy no mencionó a Asturias ayer en Bilbao, donde aseguró: "Les vamos a exigir a todas las comunidades que cumplan; las grandes y las pequeñas. Y vamos a ayudarles, pero les hago un llamamiento, toca ser serios".

Por su parte, País Vasco y Andalucía aseguran que recurrirán los recortes en Sanidad al Constitucional pero deben conseguir que Hacienda apruebe sus planes.