Objetivo: salvar a la empresa.

El empeño del Gobierno por poner freno a la elevada mortalidad de empresas provocada por la crisis le ha llevado a aprobar en los últimos años importantes medidas de ámbito financiero como los consecutivos planes de pago a proveedores de las distintas administraciones públicas, el impulso a las alternativas de financiación no bancaria o la reorientación de las medidas públicas de apoyo a los emprendedores. En esta línea, y después de que el presidente Mariano Rajoy anunciase en el reciente debate sobre el Estado de la Nación las primeras medidas fiscales para impulsar la creación de empleo, el Ejecutivo tiene previsto aprobar hoy un nuevo marco regulatorio que permita aliviar la asfixia financiera de muchas empresas. Se trata de incidir en su principal hándicap en la actualidad, como ayer volvió a recordar la Comisión Europea: su elevada deuda.

Los enormes pasivos atesorados durante la etapa de bonanza y los primeros años de la crisis han condenado a muchas compañías al cierre –se estima que 300.000 empresas han debido bajar la persiana por este motivo– y podrían arrastrar a la liquidación a otras muchas compañías que, pese a haber soportado estoicamente la recesión, están al límite de sus posibilidades de supervivencia por culpa de unos costes financieros inasumibles. Por eso el Gobierno quiere insuflar oxígeno a estas empresas mediante una amplia estrategia que facilite los acuerdos entre las empresas y sus acreedores, ya sea para acordar aplazamientos y quitas de su deuda, convertir parte del pasivo en capital o realizar daciones en pago. De esta manera, se liberaría la carga financiera de muchas compañías, que podrían volver a ser rentables en poco tiempo y garantizar así su viabilidad (con el consiguiente efecto positivo para el empleo), al tiempo que los acreedores lograrían una mayor seguridad de que recuperarán lo que se les adeuda. El concurso de la banca será fundamental para que estas medidas tengan éxito, por lo que también se modificará la normativa actual de provisiones y cobertura de riesgos para facilitar la digestión de esas operaciones, evitando que las entidades financieras que faciliten una salida a las empresas en dificultades se vean penalizadas posteriormente.

Como complemento a estas medidas para el reflotamiento de empresas en dificultades, el Ministerio de Hacienda dispondrá un armazón fiscal que eleve el atractivo de estos procesos para todos los actores implicados. Las propias empresas en dificultades, la banca y el resto de acreedores tendrán un marco tributario más favorable para garantizar que el esfuerzo colectivo para aligerar los pasivos empresariales acaba siendo fructífero y permite que la recuperación de la economía española sea más sólida y sostenible.