A vueltas con el debate fiscal, con las autonomías hemos topado.

En el debate sobre fiscalidad autonómica ha cobrado importancia la vuelta a la uniformidad como vías de ordenar el caos tributario creado por las comunidades autónomas en uso de su capacidad normativa. Una propuesta que los expertos designados por el Gobierno para elaborar las bases de la reforma fiscal han incorporado en el informe que el pasado viernes entregaron al ministro de Hacienda. El propio Cristóbal Montoro argumentó la semana pasada la necesidad de ordenar los impuestos autonómicos “en favor de la unidad de mercado”. Es cierto que existe cierta fragmentación en la fiscalidad regional, pero ésta es consecuencia del torpe desarrollo del modelo fiscal elegido y no del sistema como tal. Resulta paradójico, no obstante, que se emplee el mantra de la unidad de mercado como excusa en aras de una homogeneización que parece más pensada para contentar las constantes reivindicaciones de ciertas comunidades autónomas por la supuesta insuficiencia de fondos con que costear sus gastos que para beneficiar a los contribuyentes o garantizar la correcta prestación de los servicios públicos que tienen transferidos las administraciones regionales.

Una de las bases del Estado de las Autonomías es que los ejecutivos regionales sean responsables y respondan ante sus ciudadanos por la gestión de sus gastos y también de sus ingresos. Que el desarrollo tributario de las autonomías haya sido escaso y desafortunado no parece argumento suficiente como para cercenar ahora el margen de corresponsabilidad fiscal de las comunidades y convertirlas en meras administradoras de los recursos que reciban de las arcas estatales, sobre todo teniendo en cuenta que las partidas presupuestarias no son finalistas. Desposeer a los gobiernos regionales de la capacidad para revertir en sus ciudadanos mediante rebajas de impuestos los logros de una administración eficiente supondría en la práctica eliminar casi todos los incentivos (excepto los coercitivos) para seguir cumpliendo los objetivos de reducción del déficit público y saneamiento de las cuentas a los que obliga la Unión Europea. Cabe preguntarse qué puede haber de malo en cierta competencia fiscal entre autonomías que no comprometa el acceso y la calidad de los servicios públicos y, por el contrario, beneficie a los contribuyentes. En el contexto actual, las rebajas de impuestos en el tramo autonómico, por limitadas que sean, pueden ser un impulso a la recuperación al aliviar la elevada carga fiscal que soportan los españoles.

Pica para ampliar.

Los puntos de partida de las comunidades de cara a esta posible homogeneización son muy distintos, ya que algunas están saneadas gracias a una gestión acertada mientras que otras han necesitado del auxilio financiero constante del Estado y, pese a ello, siguen sin ajustarse a la estabilidad presupuestaria exigida. Si Hacienda atiende esta propuesta haciendo tabla rasa respecto a la situación actual, volvería a cometer el mismo error que cuando implantó el llamado déficit a la carta beneficiando con un mayor margen de gasto a las regiones que habían incumplido hasta entonces el desfase presupuestario máximo permitido en detrimento de las que sí se habían ajustado a ese tope. El resultado de esa manga ancha es clarificador: las regiones agraciadas no han usado la medida de gracia para mejorar sus finanzas, sino todo lo contrario.