Montoro muerde y no suelta a la presa.

La batalla contra el fraude del Ministerio de Hacienda subirá de intensidad en las próximas semanas con las nuevas medidas encaminadas a detectar la posible existencia de doble contabilidad en las empresas inspeccionadas. La Inspección ha dado orden a los técnicos de la Agencia Tributaria para que prioricen la búsqueda en los sistemas informáticos de pistas indicativas de que las compañías hayan podido falsear sus cuentas para reducir su factura fiscal. No sólo eso. Hacienda también ha puesto el foco en sectores concretos donde se estarían concentrando estas prácticas: la hostelería y la construcción, especialmente de tamaño mediano. Es indudable que los inspectores deben de agotar todas las vías posibles para detectar la existencia de fraude al Fisco, máxime en los momentos de fuerte caída de la recaudación, como sucede en la actualidad, pero eso no exime de que su actuación deba de ser pulcra, proporcionada, no invasiva y respete la presunción de inocencia que consagra la ley para todas las personas físicas y jurídicas.

En esta línea, lo que la Agencia está haciendo, por ahora, es enviar requerimientos a las empresas sospechosas para poder fiscalizar sus gastos tras haber detectado previamente anomalías. El cruce de datos procedentes de las liquidaciones del IVA soportado por sus proveedores, de las solicitudes para el aplazamiento del pago de impuestos, los datos procedentes del comercio electrónico y de otros registros está sirviendo para detectar actividades no declaradas con una celeridad inusitada. Un avance que no implica que de forma automática esté aumentando la recaudación, ya que buena parte del fraude descubierto está protagonizado por compañías que atraviesan una delicada situación financiera que tampoco puede satisfacer las cantidades reclamadas por Hacienda.

La incidencia de fraude sobre la recaudación fiscal, de hecho, se ha incrementado a causa de la crisis, lo que explica que la comisión de expertos para la reforma fiscal propusiese la Gobierno la eliminación radical del sistema de módulos por el que cotizan los autónomos, además de otras medidas como la creación de una potente herramienta informática que cruce todos los datos que dispongan las distintas administraciones sobre cada uno de los contribuyentes. Se estima que el Estado ha dejado de recaudar en los últimos cinco años 63.600 millones de euros por el fraude, una cifra escandalosa que debe de atajarse con más medios humanos y técnicos y con más pedagogía ciudadana.