Frenada la destrucción de empleo, el gran reto es la creación del mismo.

Es innegable que la realidad del mercado laboral español es sensiblemente mejor a la de hace sólo un año. Como también que cada vez hay más elementos positivos que constatan que España habría dejado atrás la parte más dura de la crisis. En este sentido, el descenso del desempleo durante el pasado febrero fue el primero que se registra en este mes desde 2007, justo en puertas del estallido de la brusca recesión. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social –el termómetro más fiable para medir la creación de empleo– repuntó ligeramente en el mismo periodo, lo que aunque aún no supone un alivio sustancial para las debilitadas cuentas del sistema público de previsión, sí constituye una señal esperanzadora de contención a uno de los retos sociodemográficos más importante que debe afrontar la economía española en los próximos años: el desequilibrio de la balanza entre contribuyentes y beneficiarios de la Seguridad Social.

Logrado ya el reto de revertir la pertinaz destrucción de empleo en creación neta de puestos de trabajo 69 meses después, el siguiente desafío consiste en alcanzar un ritmo suficiente para subsanar la profunda herida provocada por la crisis en el mercado laboral español, donde casi seis millones de personas continúan sin encontrar una ocupación. Y, en este punto, la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno se ha demostrado claramente insuficiente, como los expertos independientes y los organismos internacionales han coincidido en señalar. Las medidas adelantadas por el presidente Mariano Rajoy en el reciente debate sobre el Estado de la Nación se encaminan en la dirección correcta, pero resultan escasas.

El Ejecutivo no puede fiar sus expectativas para la mejora del empleo a la moderación salarial –en la que volvió a insistir ayer la ministra Fátima Báñez– o a la llegada de nuevos inversores extranjeros. La recomposición del erosionado tejido productivo nacional requiere, además de la imprescindible mejora del acceso a la financiación del conjunto de las empresas con independencia de su tamaño, de reformas pendientes como incrementar la flexibilidad para las empresas, una rebaja importante de las cotizaciones sociales o la moderación de costes ajenos como los precios de la energía o el exceso de regulación.