El paro juvenil merece un consenso que aporte medidas efectivas para su erradicación.

El compromiso alcanzado ayer por el Gobierno y los agentes sociales para estudiar la puesta en marcha de un nuevo salario mínimo para jóvenes en paro supone un acertado primer paso en el camino de los retoques que precisa la reforma laboral, como han venido recordando los expertos y organismos internacionales como el FMI o la Comisión Europea. Los actuales niveles de desempleo juvenil en España (del 55% al cierre del año pasado, la tasa más elevada de toda la zona euro) resultan insoportables para una economía moderna y que aspira a una recuperación sólida y sostenible después de haber sufrido su crisis más dura en décadas.

La consecuencia más dramática y perjudicial para el conjunto de la sociedad es que miles de jóvenes se están viendo forzados a salir de España en busca de una oportunidad laboral, con la importante pérdida de talento que eso conlleva. Por eso es urgente que la determinación expresada en la reunión celebrada en el Palacio de La Moncloa por los empresarios, los sindicatos y el Ejecutivo no se quede en una mera puesta en escena, sino que rápidamente se plasme en iniciativas concretas que permitan frenar el éxodo de la generación "mejor formada" en la historia de España.

Pica para ampliar.

La eliminación de las barreras de entrada que sufren los jóvenes a la hora de incorporarse al mercado laboral es una demanda constante de los expertos. Incluso el Banco de España reclamó hace unos meses la eliminación directa de este condicionante que desincentiva a las empresas a la hora de contratar a trabajadores jóvenes, especialmente aquellos sin experiencia laboral. Es cierto que una medida de este calibre necesita del mayor consenso posible para superar algunos prejuicios arcaicos que todavía imperan en determinados estratos de la sociedad, pero también que ni el Gobierno ni los agentes sociales pueden enfrascarse en una larga negociación que dilate o vacíe de contenido esta propuesta. Porque si bien muchos jóvenes han optado por marcharse al extranjero ante la falta de oportunidades para trabajar, otros tantos no están en disposición de hacerlo y engrosan las cifras del paro de larga duración: sobre todo aquellos que estaban empleados en la construcción en plena burbuja inmobiliaria.