Objetivo BCE: la vuelta del crédito a las pymes.

Las autoridades europeas dicen haber tomado nota de las lecciones de la crisis de liquidez que terminó por asfixiar a muchas empresas comunitarias y podría haber sido todavía peor si el Banco Central Europeo no hubiera puesto en marcha medidas extraordinarias que paliaron en parte la sequía del mercado interbancario. España fue uno de los países más afectados debido a la elevada dependencia empresarial –sobre todo por parte de las pymes– de los canales tradicionales del crédito. Además, estos problemas de financiación coincidieron en el tiempo con la profunda reestructuración de la mitad del sistema bancario nacional (básicamente, las cajas de ahorros), mientras el resto de entidades trataban de sobrevivir a las crecientes exigencias regulatorias y a las enormes dificultades para captar recursos ajenos.

Eso explica que el Gobierno nacional liderase la exigencia de una solución europea a este problema y que, al mismo tiempo, aprobase medidas para reducir la tradicional dependencia de la financiación bancaria que caracteriza a la clase empresarial española. Algunas de ellas han sido la puesta en marcha del Mercado Alternativo de Renta Fija, de los sucesivos planes de pago a los proveedores de las distintas Administraciones o el reciente plan para facilitar la refinanciación de las empresas que son viables pero que acumulan deudas excesivas. En paralelo, España reclamó a las autoridades europeas una solución conjunta para acabar con la fragmentación del mercado crediticio en Europa, que provocaba que las empresas españolas tuviesen que pagar mucho más que sus homólogas alemanas o francesas para conseguir liquidez. Más de medio año después, y cuando ya casi nadie lo esperaba, la Comisión Europea consiguió por fin alumbrar una amalgama de medidas encaminadas a aumentar el peso de la financiación no bancaria entre las compañías comunitarias, aunque para que entre en vigor deberán ser validadas por el Consejo y el Parlamento europeos. Entre ellas, impulsar las titulizaciones, permitir a los planes de pensiones invertir a largo plazo en activos financieros que sean solventes o la posibilidad de unificar todos los mercados de cédulas existentes en la UE.

En este esfuerzo colectivo por aliviar los problemas financieros de las empresas, chirría sobremanera que el Gobierno español se haya reservado la potestad de dilatar el pago de las obras públicas –una de las actividades que más morosidad atesoran–, mientras al resto de empresas se imponen estrictos plazos. No parece razonable.