Con las elecciones llegan las esperadas rebajas autonómicas de impuestos.

El mejor cartel electoral posible para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo es una rebaja importante de impuestos. De ahí que cada vez más dirigentes autonómicos se apresten a anunciar recortes de impuestos en su ámbito fiscal. Ayer el presidente extremeño, José Antonio Monago, se sumó a los anuncios anteriores de sus homólogos de Madrid, Cantabria, Valencia o Navarra de aminorar sensiblemente el tramo autonómico del IRPF, que es el principal impuesto que pueden modificar los gobiernos regionales. Otras comunidades podrían sumarse a esta lista en las próximas semanas, una vez que hayan analizado el impacto previsible en sus cuentas de la reforma fiscal recién anunciada por el Gobierno central, que si bien no afectará de momento a ninguno de los tributos autonómicos, sí impactará a la recaudación de determinados impuestos nacionales que tienen cedida total o parcialmente.

La intención electoral que puede adivinarse en algunos de estos anuncios no es intrínsecamente negativa. No hay que olvidar que, por un lado, los ciudadanos han debido asumir buena parte de la factura de la crisis por la vía de un aumento importante de la presión fiscal. En buena lógica, ahora que la recuperación se está consolidando y mejora la recaudación tributaria, los contribuyentes deben verse compensados por los esfuerzos asumidos. Por otra parte, es incontestable que no todos los gobiernos autonómicos se han ajustado a las directrices de contención del gasto y recorte de sus estructuras administrativas impuesto por el Ministerio de Hacienda. Resulta de justicia que si el año pasado las comunidades en peor situación presupuestaria recibieron una ayuda del Gobierno en forma de mayor margen de déficit, en esta ocasión las autonomías más saneadas vean recompensada su gestión con una mayor capacidad para reducir la presión fiscal a sus ciudadanos, que serán, en última instancia, quienes deban decidir si premian o castigan a sus gobernantes.

En todo caso, las comunidades que estén en disposición de reducir su fiscalidad deberían ser coherentes con esa voluntad expresada públicamente y no limitarse a meros anuncios cosméticos con gancho electoral, sino aprovechar todo el margen disponible para aliviar la presión fiscal a empresas y familias. Así contribuirían a amplificar el efecto de la reforma fiscal del Gobierno y, de paso, contribuir a la recuperación.