Montoro no cuela pulpo como animal de compañía con su reforma fiscal...

La defensa numantina que está realizando el Gobierno de su proyecto de reforma fiscal trata de contrarrestar el aumento de las críticas a un proyecto que, en opinión del Círculo de Empresarios, “no satisface las expectativas”. La suma de una recuperación más intensa de lo esperado que ha elevado los ingresos fiscales y el cumplimiento ajustado de los objetivos presupuestarios marcados por la Comisión Europea había alimentado la esperanza de que Hacienda lanzase una agresiva rebaja de impuestos para potenciar la mejora de la actividad económica y compensar a los contribuyentes y empresas por las subidas tributarias sufridas en los últimos años. Cabe recordar que casi 50 figuras fiscales han sido revisadas al alza durante esta legislatura. Pero el anteproyecto presentado por el Ministerio de Hacienda se ha quedado muy lejos de satisfacer esa demanda, además de contener ciertas medidas como la eliminación de numerosos beneficios fiscales que suponen, en la práctica, la subida de algunos impuestos, restando intensidad así a la reducción prometida de la presión fiscal.

Al igual que la Comisión Europea, el Círculo de Empresarios cuestiona la capacidad del Ejecutivo para cumplir con la reducción del déficit público comprometida con Bruselas, aunque por un motivo diferente: la ausencia de medidas más ambiciosas para reducir el galopante gasto público en todos los ámbitos de la Administración. Haber aminorado estos compromisos hubiese aflorado un mayor margen de maniobra para, por ejemplo, revertir de forma inmediata y completa –y no en dos fases y de manera parcial– las subidas de impuestos que el Gobierno aprobó nada más tomar posesión en 2011 e inicialmente prometió devolver este año.

Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es la carga de impuestos al empleo. Bruselas ha situado a España entre los países de la UE que más gravan a los asalariados, aunque Luis de Guindos tratase ayer de defender que la “cuña fiscal” para los nuevos contratados después de aplicar los cambios anunciados será un 30% inferior. Pero no se han rebajado las cotizaciones sociales pese a la recomendación unánime de los organismos internacionales y la advertencia empresarial de que desincentivan las nuevas contrataciones. Además, el polémico golpe fiscal a las indemnizaciones por despido castigará a las rentas más bajas y genera inseguridad jurídica, por lo que los grandes despachos han pedido al Gobierno que no sea retroactivo. Ante esta acumulación de enmiendas, Hacienda debe aprovechar la tramitación parlamentaria para limar las asperezas del proyecto.