Las autonosuyas o la historia del "más de lo mismo".

Pese a la mejora evidente de la economía, las cuentas de la mayoría de las comunidades autónomas continúan siendo deficitarias. Y ello a pesar de las numerosas ayudas que Hacienda les ha otorgado, bien sea mediante los planes de pago a proveedores, los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica o el llamado déficit a la carta, por el que se concedió un margen adicional de gasto a las gobiernos autonómicos con mayores desequilibrios presupuestarios. Aunque el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha dispuesto un aumento de 3.903 millones de euros en los fondos que transferirá a las autonomías el próximo año (cuando las comunidades deberán ajustar su déficit al 0,7% del PIB), también va a exigirles nuevos esfuerzos para contener sus gastos y evitar nuevos incumplimientos, como los que han protagonizado en los últimos ejercicios Cataluña, Valencia o Murcia, entre otras.

Los planes de ajuste presentados en ejercicios anteriores por los gobiernos regionales han resultado claramente fallidos, bien porque se basaban en unas previsiones demasiado optimistas en cuanto a la obtención de los ingresos y ahorros programados, bien porque los recortes anunciados eran insuficientes. En esta ocasión, Hacienda trata de evitar nuevos enfrentamientos con los gobiernos regionales a cuenta de qué partidas son las que se deben recortar que puedan aminorar la eficacia de las medidas que se adopten. Para ello, se ha creado un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe alumbrar ajustes de consenso que apliquen por igual todas las comunidades autónomas.

Lógicamente, el primer campo de análisis ha sido el ámbito sanitario y farmacéutico, que concentra buena parte de los presupuestos regionales. En los últimos años, tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías autonómicas han incidido en ajustar su gasto en medicamentos, los tratamientos médicos y el personal sanitario, pero los expertos consideran que todavía existe margen de mejora en el gasto farmacéutico que se realiza en los hospitales, además de apuntar la posibilidad de introducir nuevos copagos disuasorios de posibles abusos. Medidas que seguramente no sean populares, pero que son necesarias para encauzar de una vez por todas las cuentas autonómicas.

Cabe exigir a los gobiernos regionales valentía política, pese a la cercanía de las próximas elecciones, para completar el saneamiento del sector público que contribuya a consolidar la recuperación económica y la credibilidad de España ante los inversores internacionales.