El ocaso de Pescanova, el Enron de la economía española.

Enron valía 60.000 millones de dólares en el año 2000, tenía 21.000 empleados, facturaba más de cien mil millones, y era la empresa más innovadora de EEUU y la mejor compañía para trabajar, según el ránking de Fortune. Pocos meses después, en noviembre de 2001, el que era el mayor grupo energético del mundo declaraba la bancarrota y en su caída arrastraba a la entonces prestigiosa firma auditora Artur Andersen, que había avalado una serie de técnicas contables fraudulentas ideadas por sus directivos Kenneth Lay y Jeffrey Skilling.

Lay y Skilling presentaban a los analistas beneficios espectaculares gracias a que maquillaron las cuentas de forma continuada. Enron se apuntaba como ingresos presentes los contratos a largo plazo, tan habituales en el sector energético, aunque no se cobrasen hasta años después, e incluso aunque hubiera dudas de la viabilidad de tales contratos y de sus costes asociados. Firmó, por ejemplo, un contrato a 20 años con Blockbuster para introducir servicios de entretenimiento en los hogares americanos, y cuando estaban con el proyecto piloto se apuntó 110 millones de beneficio.

También encontró Enron una magnífica fuente de beneficios en los llamados Special-Purpose Vehicles (SPV), una serie de sociedades instrumentales fantasmas –se supone que de terceros, pero que en realidad controlaba Enron– que servían al grupo para ocultar pérdidas, para firmar contratos ficticios que permitían conseguir financiación y para gestionar los riesgos asociados a unos activos determinados. En una nota de prensa de mediados del año 2000, Enron anunciaba que “el negocio está en pleno crecimiento, adquiriendo gran impulso y con beneficios que superan todas las expectativas”. A la semana siguiente, 28 consejeros de Enron, que contaban con información privilegiada, vendieron sus acciones a 90 dólares por título con lo que ingresaron 1.200 millones de dólares. Poco más tarde, el precio de las acciones caía estrepitosamente hasta la ridícula cifra de 0,03 dólares.

Si Enron protagonizó el mayor fraude empresarial de la historia, Pescanova va camino de convertirse en su equivalente a nivel doméstico español. Pescanova también estaba considerado como un grupo de éxito y su presidente, Manuel Fernández de Sousa, era muy admirado y respetado en el mundo empresarial. Hasta que el castillo de naipes se ha venido abajo de un plumazo. Los analistas bursátiles, que antes aplaudían la marcha del grupo de forma unánime, ahora no quieren saber nada del valor y reniegan del precio objetivo de hasta 24 euros por acción que llegaron a recomendar. El valor se suspendió el 12 de marzo en 5,91 euros.

También en el caso Pescanova se produjo una venta masiva de acciones por parte de gestores y exgestores –que tenían información privilegiada, como el propio presidente Manuel Fernández de Sousa–, poco antes de que el grupo pesquero presentara el preconcurso de acreedores.

Fernández de Sousa ha reconocido a la CNMV que existía una doble contabilidad en Pescanova, y que podría haberse creado a través de una compleja red de 80 sociedades que han permitido al grupo enmascarar pérdidas y deuda. Pescanova obtenía créditos de bancos españoles para financiar las compraventas de productos a sociedades participadas de forma minoritaria por la matriz y que estaban situadas fuera del territorio español, principalmente en Namibia, Uruguay, Chile y Japón. Se hacía a través de los denominados créditos documentarios, que es una fórmula de pago que permitía a Pescanova conseguir financiación, incluso en el caso de que algunas de las empresas intervinientes en la operación no tuvieran liquidez en el momento del pago.

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El caso de Novanam es sintomático de la compleja operativa con que operaba Pescanova. Esta sociedad de Namibia está participada en un 49% por la matriz Pescanova y, por tanto, permite la consolidación por puesta en equivalencia, con lo que no se integran en el balance consolidado del grupo los activos y pasivos de la filial. Se sospecha que los dueños del 51% de Novanam que no posee Pescanova son sociedades instrumentales namibias controladas por el propio Manuel Fernández de Sousa.

Aunque Novanam –que es cabecera de 23 sociedades– es la empresa que enmascara la mayor parte de la deuda oculta de Pescanova, las investigaciones del auditor forense KPMG se dirigen también a otras compañías participadas como American Shipping, Medosan o Polar Limited, que habrían servido para realizar operaciones financieras poco claras.

Porque si ya de por sí es complejo desenmarallar la red societaria urdida por Fernández de Sousa, aún más complicado resultará conocer las operaciones fantasma –al estilo de las realizadas en Enron– con las que se sospecha que Pescanova desvió fondos. La empresa habría pedido líneas de financiación a sus bancos en base a contratos de transporte marítimo de mercancías, en los que realmente no había ni transporte ni mercancía.

Todavía queda mucho por aclarar en el caso Pescanova, y aunque todo parece apuntar a la responsabilidad de Manuel Fernández de Sousa, resulta muy extraño que el presidente haya podido estar engañando durante años tanto a su consejo de administración, como a sus acreedores y a su auditora BDO.