La reforma energética incendia la industria española.

Ya avanzábamos en el artículo sobre la reforma energética que ésta arrancaría muchas denuncias y colas en los juzgados por disconformidad. El malestar no se ha hecho esperar  y la industria española, representada por quince patronales de diferentes pelajes, se ha levantado en rebelión ante la que se avecina con dicha reforma.

Pica sobre la imagen para ir al post sobre la reforma energética escrito en la bitácora.

Y es que las subidas de luz y gas a la industria española , una sufridora silente de todos los desmanes presupuestarios que acaban con ajustes al alza en forma de impuestos o costes fijos por parte de los de siempre, estaba garantizada con dicha reforma... pero esta vez han dicho basta y han arreado un puñetazo enorme y sonoro sobre la mesa:  como adviertan en las facturas la subida de luz y gas de la que ya están siendo prevenidos; despiden masivamente a 2,5 millones de obreros y deslocalizan el chiringuito ipso facto. Órdago a la grande en toda regla contra los Ministerios de Industria y Hacienda (padres de la reforma energética) y las grandes eléctricas.

Y no crean que el sudoku tiene fácil solución, porque si el gobierno no lleva a cabo una  reforma energética que vaya enjugando el enorme déficit tarifario acumulado durante años, los estragos se extrapolarán a las energéticas. Unas energéticas que, hasta ahora, expresaron numerosas críticas a la reforma, a través de sus patronales Unesa (patronal que acoge a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), AEE (patronal eólica) y UNEF (patronal fotovoltaica) y manifestaban que los despidos en las grandes energéticas si no subían los precios, a cuenta de una reforma que obliga a la auto-liquidación del déficit de tarifa por parte de las empresas energéticas en gran medida, se elevarían a 200.000 trabajadores, en el sector eólico a unos 30.000 y a más de 100.000 en el sector fotovoltaico... el sector de la biomasa dijo directamente que dejaría de existir en España. A ver como le ponemos al niño.

Pica sobre la imagen para ampliar

El nuevo marco ha empezado a tramitarse ya en el Congreso a través de un proyecto de ley. Contempla un impuesto del 6% a la generación eléctrica y una tasa en el consumo del gas de 2,7 céntimos de euro por metro cúbico. Todos estos costes extra se terminarán trasladando, tarde o temprano, a los precios de la luz que paga el usuario. Para las empresas industriales, es una cuestión clave. Para algunas, la energía supone el 50% de todos sus costes y cualquier variación al alza pone en peligro la viabilidad de las fábricas.

SUBIDAS DE HASTA EL 13%

Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica, que ayer habló por primera vez públicamente tras ser sustituido por el PP en marzo de este año, caldeó el asunto diciendo que la factura eléctrica industrial se encarecerá entre un 8 % y un 13 % con el proyecto de reforma energética. A las reuniones de las patronales industriales acudieron representantes de Fiab, Anfac y Confemetal (las poderosas patronales de alimentación, automoción y metalurgia); Feique (federación del sector químico, con empresas como Ercros, Solvay, Dow Quemical y Dupont); Aspapel (papel, con socios como Torraspapel y Smurfit); Ascer (cerámica y azulejos, como Roca Cerámica y Porcelanosa) e incluso Hispalyt (fabricación de ladrillos y tejas, con más de 200 socios, como La Oliva), entre otras.

Muchas de estas empresas sectoriales comparten asociación en Acogen, la patronal que engloba a los cogeneradores, que saldrán especialmente perjudicados con la nueva reforma. En Acogen hay 150 socios, como Viscofán, Sniace, Nestlé, Stora y Seat, entre otros. La cogeneración es un modelo de producción eléctrica que aprovecha el calor sobrante generado en el sistema de producción de algunas industrias. Fuentes de Acogen señalan que la asociación representa a unas mil fábricas, que, con el alza de costes energéticos, se quedarían "en una situación límite en cuanto a rentabilidad empresarial", poniendo "en peligro la viabilidad de las empresas", dicen en la asociación presidida por José Manuel Collados.

Esto "obligará a parar las cogeneraciones y, detrás, a parar las industrias", añaden. A partir de ahí, la deslocalización. Por ejemplo, a Francia, con costes energéticos para la gran industria más asequibles. La nueva tasa en el gas, junto a otros recargos, provocará, además, un alza del 15% en los costes energéticos para los cogeneradores. Las empresas químicas, por ejemplo, no lo podrán asumir. Según Acogen, corren "un riesgo de deslocalización alto". El temor ya cunde entre cientos de trabajadores, porque los rumores sobre ajustes se suceden (Solvay en Martorrell, Alcoa en Galicia y Asturias, etcétera). Las quince patronales están elaborando un manifiesto que tienen intención de dar a conocer a la opinión pública con anuncios en prensa. Será todo un pulso al Gobierno.

AUXILIO EN LA CEOE

Las asociaciones, además, han puesto al corriente a la CEOE, de la que muchas son socias, para que Juan Rosell, presidente de la patronal les interceda ante el Gobierno para parar la reforma o, en todo caso, que se suavice o se modifique para la industria.

Las empresas ven con impotencia cómo el Gobierno ha hecho oídos sordos al problema de la pérdida de competitividad energética española. Llueve sobre mojado desde enero. El nuevo proyecto de ley que tramita el Congreso es el tercer capítulo de un programa de reformas que empezó a comienzos de año y que ya ha supuesto otros palos para la industria (subida de peajes eléctricos y disminución de subvenciones por interrumpibilidad, entre otros).

Es como si el Gobierno estuviera tensando la cuerda para ver qué da de sí, describen gráficamente las empresas. El problema es que, cuando rectifique, si lo hace, puede ser tarde, porque la cuerda ya se ha podido romper y muchas empresas haberse marchado, continúan. Algunas papeleras ya hacen números de lo que les costaría producir en Francia, con contratos estables de electricidad nuclear.

SÓLO PROMESAS

La asociación de grandes consumidores de energía (Aege), donde participan Alcoa y Arcelor, entre otros, lleva advirtiendo desde hace meses del peligro de cierre de fábricas y deslocalización. En Asturias y Galicia, ven con preocupación el mensaje de Alcoa de que dejará de fabricar aluminio allí si en enero no hay solución.

El ministro José Manuel Soria salió al paso esta semana diciendo que en 2013 habrá "un sistema" que garantizará la competitividad de las plantas de Alcoa, "al menos en lo que afecta a los costes de energía eléctrica". Pero no concretó.