La Comunidad de Madrid muestra el camino al resto de autonomías con su bajada de impuestos.

Era conocido el ánimo de rebajar impuestos del presidente de la Comunidad de Madrid. Pero nadie se imaginaba que anunciase, como hizo ayer, el mayor recorte fiscal realizado nunca por una comunidad autónoma. Un agresivo plan para aminorar la presión fiscal que sufren los madrileños que afectará a tributos como el IRPF, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados y el denominado “céntimo sanitario”. Con la premisa de que “el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos”, Ignacio González irá aún más allá que su antecesora Esperanza Aguirre, que en 2007 ya rebajó en un punto el tramo autonómico del IRPF, una medida pionera que posteriormente han copiado otras regiones, algunas de forma muy reciente como Extremadura, Galicia o Cantabria. Madrid volverá a abrir brecha con ellas y sobre todo con las autonomías que mantienen una tributación más elevada –Andalucía y Cataluña– a partir del próximo enero, cuando entrará en vigor la rebaja de hasta 1,6 puntos en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta anunciado por González. Entonces, el tipo máximo en esta región pasará a ser el 51,5%, frente al 56% que está vigente en Cataluña y Andalucía, tasa que sólo superan Suecia o Aruba.

El uso totalmente opuesto de su corresponsabilidad fiscal por parte de las grandes autonomías españolas ha generado dos modelos antagónicos, cuyos resultados son esclarecedores. Mientras Madrid ha generado empleo, atraído inversión empresarial, aumentado la recaudación y logrado salir de la crisis antes que el resto de las regiones españolas, Cataluña se encuentra asfixiada por culpa de una fiscalidad propia excesiva que ha contribuido decisivamente a una mayor destrucción de empleo, cierre de empresas, fuga de inversores y, en consecuencia, una recaudación tributaria inferior. Como ejemplo, Madrid ingresó 62 millones de euros más que Cataluña en el año 2012 por los gravámenes de Sucesiones y Donaciones pese a tener un tipo efectivo del 1% en ambos impuestos frente al 32% y al 9% vigentes en la comunidad catalana.

La apuesta de la Generalitat catalana por una fiscalidad superior para sostener abultadas estructuras burocráticas, muchas al servicio de caducas aspiraciones soberanistas, se ha demostrado perjudicial e insostenible. Con sus ajustes y medidas de liberalización sectorial, Madrid ha conseguido mantener sus finanzas entre las más saneadas de las comunidades autónomas, al tiempo que Cataluña ha necesitado para poder mantenerse a flote del auxilio financiero del Estado y de regalías arbitrarias como un objetivo de déficit para este año superior al previsto inicialmente.