Unos Presupuestos Generales muy arriesgados por la inestabilidad económica que aún se respira en el país.

La estructura de los Presupuestos del Estado de 2014 mantiene el perfil de contención y ajustes obligados de ejercicios precedentes. Según el Gobierno habrá un mayor margen de déficit público (5,8% del PIB), la recuperación de la economía será débil, con un avance del 0,7%, y el desempleo supondrá todavía una pesada losa sobre la actividad y las cuentas públicas, pese a la ligera reducción de la tasa de paro hasta el 25,9%. El coste de las prestaciones, de hecho, aumentará un 10,1% sobre lo presupuestado este año, cuando ha sido necesaria una modificación al alza de 5.000 millones, hasta 29.727 millones. Esta partida, sumada a otros gastos ineludibles como el pago de las pensiones o los intereses de la deuda absorberá el 54,6% de los recursos públicos para 2014. Con este escaso margen de maniobra, y teniendo en cuenta que la recaudación fiscal no alcanzará lo previsto este año, resulta comprensible que el Gobierno haya mantenido la política de recortes en muchas partidas, aunque también llevará a cabo los primeros aumentos del gasto en partidas destinadas a los sectores que están llamados a liderar la recuperación.

Apuestas. Las cuentas “de la recuperación”, como las presentó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, priorizarán la I+D, el apoyo al comercio exterior, a los emprendedores y a la Educación, en coherencia con el pretendido cambio de modelo de la economía española, pero cuyos resultados tardarán en ser apreciables debido a que necesitan un periodo más largo de maduración que en otros sectores y que el punto de partida, tras cinco años de recortes continuados, es bastante bajo en volúmen. Con todo, el impulso a los exportadores, que han tirado de la economía en los últimos ejercicios de depresión económica, era una petición unánime del sector empresarial; mientras que las nuevas ayudas a emprendedores son consecuencia de la promesa electoral de Rajoy en 2011 y la fuerte pérdida de empleadores provocada por la crisis. Por el contrario, habrá un nuevo ajuste del 9,4% en la partida de infraestructuras –particularmente en comunidades como Asturias, Murcia o Cataluña–. Este gasto supone ya menos de la mitad que hace cuatro años, algo que parece inevitable en el actual contexto.

Fragilidad. No hay que olvidar que la incipiente recuperación tiene bases frágiles y un deterioro inesperado podría truncar las previsiones. Especialmente sensible es el sector exportador, cuyo dinamismo está al albur de lo que suceda en la zona euro. Y muchos elementos de los Presupuestos penden de la esperanza no reconocida de que el PIB crezca más de lo previsto, lo que explicaría que se confíe en una mejora de los ingresos por IVA del 2,7% pese a la débil demanda interna, que la recaudación por Sociedades suba un 5,6% con los márgenes empresariales en retroceso o que los fondos por IRPF lo hagan un 1,7% en un escenario de moderación salarial en el sector privado y nueva congelación a los sueldos de los funcionarios. Es más, las cotizaciones sociales caerán un 2,9%, a 102.839 millones, pese al efecto compensatorio de las mayores aportaciones de desempleados. Y el recorrido para nuevas subidas o retoques fiscales es nulo: la carga fiscal está ya en máximos y los últimos incrementos han provocado, de hecho, pérdida de recaudación.

Reformas pendientes. Por eso el Ejecutivo estrenará la reforma de las pensiones con la revalorización más baja posible en este nuevo marco, el 0,25%. La urgencia de modificar el sistema de actualización viene dada por el hecho de que a pesar de este mínimo incremento nominal, el gasto en jubilaciones crecerá otro 5% y habrá que volver a echar mano del fondo de reserva. De ahí que Montoro no pueda ceder a las presiones de la oposición para que el aumento sea mayor. Además, se supone que la reforma debía acabar con ese mercadeo político con las pensiones. También se echa en falta un mayor avance en la reforma de las Administraciones para hacerlas sostenibles a futuro, algo que en opinión de los expertos permitiría ahorrar unos 37.000 millones y, con ello, dedicar ese gasto a cimentar la recuperación.