Se confirman las sospechas; el sistema de pensiones es totalmente insostenible y su agotamiento es inminente.

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 La comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en el Congreso de los Diputados para explicar la reforma de las pensiones resultó reveladora y desconcertante al mismo tiempo. La responsable de la Seguridad Social presentó unas cifras muy preocupantes sobre la evolución del sistema público de prestaciones para la jubilación, en las que basó su defensa de la necesidad de realizar cambios urgentes al método para el cálculo de su revalorización anual. 

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Sin embargo, y al igual que hiciera unas pocas horas antes el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, abrió la puerta a que la subida en 2014 pueda ser mayor al 0,25% anunciado este mismo lunes en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Ese aumento, el mínimo previsto en la reforma de las pensiones que aún deben validar las Cortes, es coherente con la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, la previsión de un gran incremento del número de beneficiarios en los próximos años y de la fuerte pérdida de cotizantes sufrida por el sistema público desde el inicio de la crisis. Además, si se tiene en cuenta que esa revalorización mínima supondrá aumentar el gasto total en pensiones un 4,9% el próximo año, hasta los 127.483 millones de euros.

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Por ello resulta más sorprendente que el Gobierno se permita la veleidad de amagar con una posible subida de las pensiones superior a la anunciada para obtener el plácet de la oposición a su reforma. Si ésta es tan apremiante como revelan las cifras presentadas ayer por la ministra, no puede haber cesiones posibles. Báñez desveló que la Seguridad Social acumulará dentro de sólo 3 años un déficit de 36.000 millones y que el recurso al Fondo de Reserva pasará a ser habitual en vista de esta coyuntura. Una hucha de la que se van a detraer entre 2012 y 2014 unos 35.000 millones para poder abonar las prestaciones, lo que supone más de la mitad del capital acumulado hasta ahora. Una tendencia que aventura la posibilidad cada vez más cierta de que este mecanismo, considerado durante años como la salvaguarda del futuro de las pensiones públicas, se agote en tiempo récord.

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Cabe exigir a los representantes de los partidos políticos en el Pacto de Toledo que deben negociar esta reforma y al Gobierno altura de miras y responsabilidad en una materia tan delicada. No es permisible que los devaneos políticos del presente puedan poner en riesgo las pensiones del mañana. Hace falta, por tanto, más pedagogía y menos demagogia.

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