El sudoku autonómico no hay quién lo resuelva.

Ante el aumento de la presión de sus barones regionales en el seno del PP, el presidente del Gobierno se vio obligado ayer a aclarar que no se concederán privilegios a Cataluña en la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Puntualización que supone desautorizar a la presidenta regional del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que fue quien propuso eso mismo hace sólo una semana, soliviantando el ánimo de sus compañeros de filas. Y aunque Mariano Rajoy postergó hasta el segundo semestre de 2014 la presentación del nuevo modelo, sí prometió hacer públicas antes de que acabe este año las llamadas balanzas fiscales, el cálculo entre lo que cada región aporta y recibe, que debería servir para poner negro sobre blanco la realidad de la financiación autonómica, sus lagunas y las medidas que deben adoptarse para garantizar su sostenimiento a largo plazo.

Este retraso se debe a la necesidad de priorizar la profunda reforma fiscal que Bruselas exige para antes de marzo y de la que, en buena medida, dependerá el volumen de los fondos disponibles para contentar a las autonomías. De hecho, el desplome de los ingresos tributarios (básicamente IRPF e IVA) cedidos a los gobiernos regionales es el principal motivo por el que ahora todos ellos reclaman una revisión, sólo 5 años después de la anterior, que se hizo para garantizar el encaje del modelo plasmado en el nuevo Estatuto de Cataluña dentro de la legalidad. Sin embargo, esa opción, complementada con diversos fondos para garantizar en teoría el equilibrio territorial, se ha mostrado fallida. El enrevesado funcionamiento de esos fondos (de Garantía, de Suficiencia Global, de Cooperación y de Competitividad), con criterios ad hoc diseñados por el anterior Ejecutivo para contentar a ciertas regiones, ha derivado en que sólo dos de ellas (Madrid y Baleares en menor medida) sean aportadoras netas al sistema, mientras el resto, independientemente de su riqueza, percibe fondos de una u otra manera. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el saldo favorable es de 1.500 millones de euros, además de ser la región que más recursos recibe, lo que desmonta las reivindicaciones victimistas y falsarias de los partidos nacionalistas y la Generalitat catalana.

Más allá de polémicas interesadas, el sistema no puede seguir pivotando en exclusiva sobre dos autonomías –fundamentalmente Madrid– porque resulta injusto y pone en riesgo su viabilidad. Por si fuera poco, se están generando grandes diferencias en la financiación per capita que reciben las distintas regiones y que acaban perjudicando a las menos desarrolladas.