El timo gubernamental del impuesto sobre el patrimonio.

La esperada desaparición del Impuesto de Patrimonio, resucitado por el Gobierno de Zapatero en el año 2011 de forma excepcional y temporal (entonces se dijo que estaría en vigor sólo durante dos ejercicios fiscales), parece cada vez más lejana. El Ministerio de Hacienda ha decidido convertirlo en moneda de cambio para tratar de aminorar las exigencias de nuevas fuentes de financiación por parte de los ejecutivos autonómicos. Para ello, dentro de la reforma global de todos los impuestos que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro debe concretar antes del próximo mes de marzo, se incluirá la transferencia de este tributo a las Administraciones regionales, que pasarán a ostentar la responsabilidad exclusiva sobre su permanencia en el tiempo o su derogación. En un contexto de fuerte descenso de sus ingresos, y vista la resistencia de la mayoría de las comunidades a emprender nuevos ajustes en el gasto en las postrimerías de la legislatura, resulta más que previsible que el Impuesto de Patrimonio sobreviva en casi todas las regiones.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que hasta ahora los fondos recaudados por esta vía han ido a parar a las arcas del Estado central, que ulteriormente compensaba a los gobiernos autonómicos que hubiesen reimplantado este gravamen (todas menos Madrid) aumentando las transferencias a cuenta de los ejercicios posteriores, aunque en ocasiones se generaba una liquidación negativa del impuesto (las comunidades debían devolver parte de lo recibido anticipadamente). Algo que, sin embargo, no se ha producido en este último ejercicio, lo que supone una discriminación para la única región que no lo ha aplicado y que ahora se ve privada de ese “regalo” inesperado de Hacienda.

Aunque se trata de una figura impositiva que tiene una recaudación muy baja (unos 760 millones cada año), este impuesto ha concitado una opinión generalizada en contra por gravar rentas y activos que ya han tenido que pasar por el tamiz fiscal del IVA, el IRPF o, incluso, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sólo Francia mantiene un gravamen similar en la actualidad, debido a que la experiencia práctica ha demostrado que termina siendo soportado por la clase media y no por las grandes fortunas, puesto que éstas disponen de sofisticados instrumentos financieros y estructuras societarias para eludir el pago. Perpetuar su vigencia con el único fin de contentar a las comunidades autónomas sería un indicador preocupante de los derroteros por los que transitará la profunda reforma fiscal prometida por Montoro y en la que se han puesto muchas esperanzas para que las familias y las empresas vean reducida de forma palmaria la abusiva presión fiscal que han tenido que soportar en los años más duros de la crisis.