Los barones del PP no transigen con la petición catalana de más dinero y amenazan con el motín.

La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, planteó ayer en la Ejecutiva Nacional de su partido la conveniencia de conceder una financiación especial para esta comunidad como vía para calmar las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes. Idea que fue contundentemente rechazada por el resto de dirigentes regionales populares debido a supondría limitar la solidaridad en que se basa el actual sistema de financiación autonómica para que Cataluña pudiera percibir así más fondos del Estado. La propuesta de Sánchez-Camacho cae en el error de base de confundir dos debates que son diferentes en origen pero que los nacionalistas tratan de vincular para sostener su línea argumental: la necesaria reforma de la financiación autonómica, de un lado, y las aspiraciones soberanistas de una comunidad autónoma concreta.

Desde esta misma web hemos constatado en diversas ocasiones que el sistema diseñado por el anterior Gobierno de Zapatero para satisfacer precisamente la demanda de una mejor financiación por parte de la Generalitat catalana, entonces presidida por el también socialista Pascual Maragall, ha sido un absoluto fracaso debido a su ineficiencia al distribuir los recursos entre las comunidades y por ser excesivamente volátil en épocas de crisis, provocando gran inestabilidad en las finanzas autonómicas. El resultado más evidente es que muchos gobiernos regionales han tenido que “rescatados” por Hacienda en los dos últimos años. Pero es que, además, la propuesta de la presidenta catalana del PP obvia que la experiencia democrática reciente constata que otorgar más prebendas a los nacionalistas catalanes (y de otras regiones) sólo ha servido para envalentonarlos todavía más y que eleven el tono de su reivindicación constante. Ahondar en esta vía sólo contribuiría a dar alas a las tesis falaces esgrimidas por las formaciones soberanistas sobre un supuesto maltrato a Cataluña en el reparto de las inversiones públicas y los fondos estatales, cuando un simple repaso a la ejecución presupuestaria más reciente permite demostrar lo contrario. La negociación bilateral entre el Gobierno central y un sólo Ejecutivo autonómico debe, pues, quedar en el olvido para recuperar el espíritu de la colaboración conjunta, solidaria y leal entre las distintas administraciones.

El cierre de filas de los barones regionales del PP frente al trato diferencial planteado por Sánchez-Camacho es una respuesta acertada, aunque los populares aún tienen por delante el reto de evitar que las diferencias de criterio sobre financiación autonómica terminen generando graves divisiones internas como ha sucedido en el PSOE, cuya falta de un discurso claro y único en toda España en materias tan delicadas como ésta supone un motivo adicional de debilidad institucional.