Los retrasos de pago de la Administración, uno de los mayores focos de destrucción del tejido empresarial.

Reducir la abultada morosidad en el conjunto de la economía española es una de las tareas prioritarias a las que debe imprimir mayor velocidad el Gobierno si quiere frenar la elevada destrucción del tejido empresarial. Aunque los planes para aliviar los pagos pendientes de las administraciones regionales y locales han tenido un cierto efecto balsámico sobre la excesiva bolsa de impagos en España, todavía queda un gran margen de mejora. No obstante, las últimas estimaciones realizadas elevan a 25.000 millones de euros las facturas pendientes de pago por el sector público, las empresas y los consumidores. Se trata, por tanto, de un problema global de la economía, que requiere de un cambio colectivo de mentalidad para derogar una perniciosa costumbre que está en la raíz del cierre de unas 250.000 empresas desde el inicio de la crisis, asfixiadas por la apremiante falta de liquidez, con la consiguiente pérdida de empleo.

Ese impulso debe proceder, como no podía ser de otra manera, de la propia Administración. Y es que, a pesar de las reformas legales para penalizar la morosidad (encareciendo los recargos y penalizando las cláusulas abusivas en los contratos) y de los planes extraordinarios impulsados por Hacienda para sacar de los cajones las facturas atrasadas, el sector público continúa siendo el peor pagador de España. Para muestra, un botón: ni tan siquiera los ministerios se han ajustado al plazo máximo legal de 30 días para abonar las facturas a sus proveedores. La media rebasa los 40 días, y los que peor pagan se demoran casi dos meses. Es cierto que los plazos son muy superiores en otras administraciones –sobre todo las comunidades autónomas– y aún más en ámbitos como el sanitario (lo que ha golpeado duramente las cuentas de la industria farmacéutica, las oficinas de farmacia y los proveedores del material hospitalario), pero cabría esperar del Gobierno central que predicara con el ejemplo si aspira a que su reforma cale entre las empresas y los consumidores.

La quiebra del círculo vicioso de la morosidad no sólo precisa de las inyecciones extraordinarias de liquidez o de los cambios normativos aprobados, sino también de una nueva cultura empresarial que convierta la dilación de los pagos a los proveedores en algo excepcional y a evitar para generar un efecto dominó.