No parece justo congelar las pensiones. Víctor Javier Cavia.
Mi padre está jubilado y cobra una pensión. No es jubilado del consejo de administración de un banco, así que no tuvo indemnización millonaria. Tampoco llegó al máximo de pensión posible después de haber sido diputado dos o tres legislaturas. No tiene una SICAV que tribute al 1%, ni ha sido empresario con cuentas en las Islas Caimán dónde esconder dinero negro de trapicheos con la administración. Mi padre es un obrero que estuvo currando casi cuarenta años para sacar adelante a sus cuatro hijos, y al que ahora van a congelar lo que cobra.
No he logrado entender las explicaciones del Gobierno para justificarle a mi padre la medida. No comprendo cómo es posible convencer a un pensionista de que la congelación de su pensión no supondrá pérdida de poder adquisitivo porque se hace en un contexto de baja inflación. Los precios en enero, y en febrero, y en marzo, y en todo 2011 subirán, mucho o poco, pero los jubilados dispondrán de la misma cantidad mensual para hacerlos frente. ¿Van a congelarse los precios de servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas?, ¿va a dejar de subir el precio de los carburantes, de la alimentación y de los vestidos?, ¿se va a quedar donde está el precio del autobús o de los medicamentos?, ¿el ocio va a seguir costando lo mismo?. El pensionista tendrá igual disponibilidad económica en el 2010 que en el 2011, más elevados los precios, por mucho que desde el Gobierno les hablen de contextos y bajo IPC. Lo mismo con lo mismo pero más caro, y precisamente ellos, que son una de las patas más débiles de la sociedad.
Tampoco acierto a ver la lógica de justificar la congelación con el hecho de que durante años pasados las pensiones hayan tenido una importante revalorización. Como si haberlas estado ajustando al nivel de vida de entonces pueda servir ahora de excusa para frenar de golpe la mejora de la disponibilidad de los que la disfrutan. Volviendo al precio de las cosas, éstos también se han revalorizado considerablemente, incluso con una subida del IVA para julio de este año de la que los jubilados no se escapan.
Las pensiones son el justo retorno económico del que deben disfrutar quienes han estado toda su vida trabajando y cotizando. Así lo perciben los jubilados como mi padre, para los que no suponen otra cosa que la devolución del dinero con el que mes a mes, y durante años, han contribuido a la caja de la seguridad social plenamente convencidos, y con razón, de que ello garantizaba su retiro laboral en condiciones dignas. No puede hablársele a los pensionistas de congelación, ni de Pacto de Toledo, ni de la insostenibilidad del sistema, sin que aprecien en ello un ataque directo a lo que no entienden como un derecho directamente vinculado al deber de cotización que han estado cumpliendo durante mucho tiempo. Para los jubilados, recibir el reintegro actualizado de las aportaciones hechas durante su vida laboralmente activa es una cuestión de justicia que compensa un esfuerzo ya realizado.
Es cierto que la crisis sólo podrá superarse con la contribución responsable de todos. Pero no es menos cierto que no se puede imponer igual grado de compromiso a todos. Los jubilados que viven con una pensión esperan del Estado que mantengan el suyo de resarcirles como es debido de un sacrificio de muchos años asumido en la confianza de la justa compensación, Por eso, cargar contra sus pensiones congelándolas ni es justo ni puede invocarse como aportación solidaria a la hora de sacar el país de su estado económico comatoso. Y esto, los socialistas debiéramos tenerlo tan claro como siempre hemos tenido que en la respuesta a las demandas de los más necesitados y el respeto a la situación ganada por los más débiles está nuestra seña de identidad progresista.
No he logrado entender las explicaciones del Gobierno para justificarle a mi padre la medida. No comprendo cómo es posible convencer a un pensionista de que la congelación de su pensión no supondrá pérdida de poder adquisitivo porque se hace en un contexto de baja inflación. Los precios en enero, y en febrero, y en marzo, y en todo 2011 subirán, mucho o poco, pero los jubilados dispondrán de la misma cantidad mensual para hacerlos frente. ¿Van a congelarse los precios de servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas?, ¿va a dejar de subir el precio de los carburantes, de la alimentación y de los vestidos?, ¿se va a quedar donde está el precio del autobús o de los medicamentos?, ¿el ocio va a seguir costando lo mismo?. El pensionista tendrá igual disponibilidad económica en el 2010 que en el 2011, más elevados los precios, por mucho que desde el Gobierno les hablen de contextos y bajo IPC. Lo mismo con lo mismo pero más caro, y precisamente ellos, que son una de las patas más débiles de la sociedad.
Tampoco acierto a ver la lógica de justificar la congelación con el hecho de que durante años pasados las pensiones hayan tenido una importante revalorización. Como si haberlas estado ajustando al nivel de vida de entonces pueda servir ahora de excusa para frenar de golpe la mejora de la disponibilidad de los que la disfrutan. Volviendo al precio de las cosas, éstos también se han revalorizado considerablemente, incluso con una subida del IVA para julio de este año de la que los jubilados no se escapan.
Las pensiones son el justo retorno económico del que deben disfrutar quienes han estado toda su vida trabajando y cotizando. Así lo perciben los jubilados como mi padre, para los que no suponen otra cosa que la devolución del dinero con el que mes a mes, y durante años, han contribuido a la caja de la seguridad social plenamente convencidos, y con razón, de que ello garantizaba su retiro laboral en condiciones dignas. No puede hablársele a los pensionistas de congelación, ni de Pacto de Toledo, ni de la insostenibilidad del sistema, sin que aprecien en ello un ataque directo a lo que no entienden como un derecho directamente vinculado al deber de cotización que han estado cumpliendo durante mucho tiempo. Para los jubilados, recibir el reintegro actualizado de las aportaciones hechas durante su vida laboralmente activa es una cuestión de justicia que compensa un esfuerzo ya realizado.
Es cierto que la crisis sólo podrá superarse con la contribución responsable de todos. Pero no es menos cierto que no se puede imponer igual grado de compromiso a todos. Los jubilados que viven con una pensión esperan del Estado que mantengan el suyo de resarcirles como es debido de un sacrificio de muchos años asumido en la confianza de la justa compensación, Por eso, cargar contra sus pensiones congelándolas ni es justo ni puede invocarse como aportación solidaria a la hora de sacar el país de su estado económico comatoso. Y esto, los socialistas debiéramos tenerlo tan claro como siempre hemos tenido que en la respuesta a las demandas de los más necesitados y el respeto a la situación ganada por los más débiles está nuestra seña de identidad progresista.
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