Radiografía de la Administración: Los recortes SÍ son necesarios

El sector público necesita una puesta a punto urgente. Si se pudiera utilizar la jerga médica para evaluar la salud de la Administración, el diagnóstico sería muy claro: el paciente sufre obesidad mórbida. Y si el sobrepeso no se ataja a tiempo podría provocar el colapso irreversible del Estado del Bienestar. Hay algunas cifras que abruman sin necesidad de demasiada interpretación: España se gasta, por ejemplo, más de 100.000 millones de euros al año en pagar las nóminas de sus empleados públicos (el 10% del PIB) o desembolsa más de 55.000 millones (el 5% del PIB) para sostener la burocracia y los gastos corrientes de las tres administraciones.

Para descubrir las duplicidades y acabar con la gangrena del despilfarro, Mariano Rajoy ha decidido poner en marcha una macroauditoría a las Administraciones Públicas. Los trabajos comenzarán esta misma semana, y estarán capitaneados por el subsecretario de Estado de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y la subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero. Chocarán de bruces con una maraña burocrática generada después de años de descontrol del gasto autonómico y municipal, un agujero que Rajoy tuvo que taponar de urgencia nada más llegar al poder con medidas como el Plan de Proveedores (que sacó a la luz 5,3 millones de facturas de los cajones de los dirigentes autonómicos y municipales) o el fondo de rescate para las CCAA, que está sirviendo para evitar la suspensión de pagos de muchas de ellas, que sufren preocupantes tensiones de tesorería.

Pero el sector público necesita más que un torniquete. El diseño actual del modelo de Estado es incompatible con la eficiencia. Vamos a analizar las cuentas y la estructura del sector público, con la ayuda de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, para avanzar cuáles son los fallos que descubrirá Rajoy en la ITV que hará al Estado. ¿El objetivo de la ITV? Que España pase de funcionar como un Seiscientos destartalado a correr con la misma velocidad de crucero que un Mercedes alemán.

Sólo hay que mirar dos fotos fijas de España, la de 2004 y la de 2012, para darse cuenta de la falta de rumbo fijo al gestionar las políticas públicas. A pesar de los últimos recortes, las comunidades acumulan 2.326 empresas públicas, un 25,7% más que en 2004 y los ayuntamientos mantienen a su cargo 1.482 entes, un 37% más que hace ocho años. Según los últimos datos de Hacienda, España cuenta con 2,69 millones de funcionarios, un 15% más que en 2004. El problema es que el sector público ha disparado su tamaño a pesar de que la población a la que tiene que atender crece de forma mucho más modesta (solo crece un 8% desde 2008). La población ocupada (la que sustenta con su trabajo el Estado) se ha reducido un 3,6% en las últimas dos legislaturas como consecuencia de la lacra del desempleo. En definitiva, la burocracia crece sin freno pero los que tienen que sostenerla con sus impuestos son una especie en vías de extinción.

Las estadísticas del propio Ejecutivo, que serán analizadas con lupa en los próximos meses por los altos cargos que harán la macroauditoría a la Administración, certifican que es verdad que hay cientos de organismos y servicios públicos duplicados. Para cumplir con una de sus promesas electorales estrella ("Una administración, una competencia" era un mantra que repetía el presidente antes de llegar a La Moncloa casi a diario) tendrá que dar un giro de 180 grados a un país maniatado por 17 miniestados autonómicos (algunos que reclaman incluso la independencia), más de 8.000 municipios (un buen número al borde de la suspensión de pagos) y un Estado con pocos recursos para dirigir uno de los países más descentralizados del mundo (que sólo controla el 20% del gasto público).

La conclusión del examen milimétrico que hará el Gobierno al sector público no tiene por qué imponer más centralismo, como temen algunos nacionalistas. Eso sí, será necesario un cambio radical en la gestión del gasto público y de los ingresos, que permita a los ciudadanos saber con exactitud en qué se gasta su dinero y quién se lo gasta. Porque aunque los ciudadanos saben a quién pagan los tributos no tienen tan claro quiénes son los que les prestan los servicios públicos que reciben.

Sorprendentemente, los ayuntamientos gestionan más servicios públicos básicos que el Estado. Las CCAA se gastan 2.374 millones de euros en Justicia, un 38% más que el Estado (que desembolsa 1.713 millones). Otro dato significativo es que los ayuntamientos y las CCAA se gastan juntos prácticamente lo mismo que el Estado en seguridad ciudadana. En cambio, las comunidades acaparan la mayor parte de las políticas sociales (desembolsaron 11.607 millones en 2011 en servicios y promoción social, casi el doble que los ayuntamientos y cinco veces más que el Estado). También existen solapamientos entre administraciones en las políticas culturales, en las infraestructuras e incluso en las subvenciones a la I+D+i .

Los servicios impropios de los ayuntamientos, los que prestan sin que realmente les correspondan, le cuestan a cada ciudadano hasta 200 euros de media, según uno de los últimos documentos del Instituto de Estudios Fiscales, un documento que el Ejecutivo está teniendo muy en cuenta a la hora de diseñar la hoja de ruta que seguirán los consistorios durante las próximas décadas.

De hecho, Rajoy quiere eliminar pedanías y mancomunidades porque los técnicos de Hacienda han desvelado que "el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de menos de 5.000 habitantes". En concreto, el coste per cápita de sufragar en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.

Este es el primer estudio completo del Instituto de Estudios Fiscales sobre la materia. El 60% de los gastos impropios de los consistorios, los que no le corresponde prestar a los alcaldes, se destina a cultura y a la promoción social (el 40% de ello, solo a Cultura), un gasto prescindible si se tiene en cuenta que se están cerrando quirófanos y empresas por culpa de los impagos de la Administración. Mientras que Italia se plantea suprimir las provincias, en España aún no se ha barajado en profundidad la posibilidad de fusionar ayuntamientos. Tampoco se quiere acabar con las diputaciones, que podrían ceder sus competencias perfectamente a las autonomías.

Treinta años después de que se comenzara a forjar la España de las autonomías, las regiones controlan ya la Sanidad, la Educación, tienen policía, manejan Justicia... Con las estadísticas del Ministerio de Hacienda sobre la mesa, Cataluña y la Comunidad Valenciana se gastan juntas en un solo año 38.288,4 millones de euros, más que todos los ministerios del Estado, que tuvieron un Presupuesto anual en 2012 de 35.392 millones de euros.

Hay varias iniciativas que ayudarían a que el descontrol del sector público pasara de ser la norma a la excepción. En primer lugar, sería necesaria la elaboración de un macropresupuesto del conjunto de las Administraciones, con una autoridad fiscal independiente que vigilara qué competencias presta cada administración. Esto evitaría que las tres administraciones den al mismo tiempo ayudas de I+D, de cooperación al desarrollo, subvenciones triplicadas a los sindicatos y a las patronales, subvenciones al transporte, cursos de formación a los desempleados... por mencionar sólo algunos ejemplos. No es de recibo que la última auditoría a las CCAA del Tribunal de Cuentas sea de 2007.

El examen del Estado también debería ayudar a resolver uno de los misterios sin resolver de España: cuánto dinero reciben anualmente, directamente o indirectamente los agentes sociales. Concretamente CCOO, UGT y CEOE. Al igual que se ha hecho con las Cámaras de Comercio, el Gobierno debería fomentar que estas instituciones pasen a autofinanciarse con las cuotas de sus socios.

El descontrol en el gasto se manifiesta en casi todos los rincones de la Administración. Uno de los exponentes más visibles ante la opinión pública es el de las embajadas autonómicas fuera de España, más de 100 oficinas que cuestan, según algunos estudios, casi 200 millones. Este gasto no tiene sentido en un país con representación institucional por todo el mundo y con oficinas del ICEX dispersas por casi todo el planeta.

La reforma del modelo de Estado también tendrá que afectar a los sueldos y al número de funcionarios. Algunos alcaldes cobran todavía más que el presidente del Gobierno. De hecho, un secretario de Estado puede tener una nómina mayor que la del jefe del Ejecutivo o que la de su ministro. El control de los directivos públicos no es baladí: los salarios de este colectivo le cuestan al erario público al año 2.000 millones (0,2% del PIB), 500 millones más que en 2004.

Una sociedad cae en una contracción si sube el IRPF, el IVA, Sociedades, recorta el desempleo e implanta el copago farmacéutico, pero mantiene una veintena de canales autonómicos que gastan 1.200 millones, si mantiene la traducción simultánea en el Senado, si tiene 775 coches oficiales en el Estado y la región con menos vehículos para los altos cargos cuenta con diez.