Camino de la desaparición de los arcaicos módulos de autónomo.

El régimen de módulos de los autónomos se creó en 1992 para facilitar el pago a Hacienda a este colectivo y proporcionar una fuente estable de ingresos a las arcas públicas. Los criterios de tributación en este sistema no se han revisado en todos estos años, durante los que ha sido seriamente cuestionado por incentivar en ocasiones el fraude de facturas falsas. Hubo intentos de revisión del modelo que quedaron en saco roto, pero la emergencia de la lucha contra el déficit llevó a Hacienda a limitar los módulos por primera vez en la Ley de Lucha contra el Fraude desde 1 de enero de 2013. De los cerca de 700.000 autónomos que siguen este régimen se vieron afectados unos 80.000, quienes facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares para empresarios cuyo volumen de rendimientos sea superior a 50.000 euros al año, y quienes obtengan rendimientos de otros empresarios por importe superior a 225.000 euros.

Sin embargo, la oportunidad que supone la reforma fiscal que prepara el Gobierno para mejorar el marco tributario y enmendar todas las carencias que se han ido destapando ha llevado al consenso a expertos, empresas, asesores y autónomos sobre la necesidad de limitar los módulos todo lo posible. Es la primera vez que CEOE, Funcas, Fedea, Inspectores de Hacienda y las propias plataformas de autónomos coinciden en esta necesidad.

Este consenso ha calado en Hacienda, que prepara una nueva restricción al sistema salvo para los autónomos que se dedican a actividades cuyos destinatarios directos son consumidores finales y no otros empresarios o profesionales, medida que expulsará del régimen a cerca de 300.000 autónomos, la mayoría pertenecientes a la construcción y al transporte. El régimen sólo se mantendrá para taxis, peluquerías o bares, es decir, para el pequeño comercio, además de los fontaneros o electricistas que trabajen para particulares. Muestra de la necesidad del cambio son las implicaciones negativas que tiene el sistema en las cotizaciones y pensiones de los autónomos. En el primer trimestre de 2013, el 70% de las solicitudes de prestación de desempleo fueron rechazadas porque los autónomos no acreditaron bien la pérdida de ingresos o de actividad que justificara el cierre. Muchos no llevan ningún tipo de contabilidad debido a que el sistema de módulos no lo exige. Una situación que es consecuencia de las deficiencias de regulación en un sector atomizado y anárquico que, afortunadamente, se van a enmendar.