Claves para la Reforma Fiscal que se avecina.

 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se enfrenta en los próximos meses a uno de los momentos claves de la legislatura: la elaboración de una reforma fiscal que debe estar aprobada en el mes de marzo en un momento en el que aún se han de cumplir severos compromisos de déficit. Se trata de la ocasión idónea para buscar una solución a las paradojas que anidan en las políticas tributarias españolas. Una de las necesidades más urgentes es frenar el fraude fiscal, que no se soluciona precisamente subiendo impuestos. Elevar el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA o los impuestos indirectos no puede ser la solución para uno de los países que menos tributos recauda de toda la Unión Europea, pero que tiene los tipos impositivos más altos. Es vital una estrategia integral para acabar con la elusión de las obligaciones fiscales, que no puede confundirse con imponer más trabas a los ciudadanos y a la creación de empresas.

Nadie debería quedar fuera del control de los inspectores de Hacienda si cometen una infracción o un delito fiscal. Pero los problemas de ingresos fiscales en España es una cuestión de mucha más profundidad que los casos ejemplarizantes (Leo Messi, ana Torroja, Mar Flores, Sergi Arola, ect...) que se han aireado durante el verano. España es un país donde el fraude goza de una excesiva complicidad, como atestiguan las encuestas del Instituto de Estudios Fiscales y el 20% de PIB de su economía sumergida que estiman la mayoría de estudios. Esta percepción se puede haber agravado tras la aprobación de una polémica amnistía fiscal.

De este modo, la reforma fiscal, que contará con el apoyo de un grupo de reputados fiscalistas liderados por Manuel Lagares, debería acabar cuanto antes con la complejidad e hipertrofia del sistema tributario, ininteligible a veces hasta para los expertos. También debería ponerse sobre la mesa cuál es la dotación de medios y los recursos adicionales que necesita la Agencia Tributaria para que se acabe con la percepción generalizada de que los profesionales con nómina son de los pocos colectivos que cumplen con sus obligaciones fiscales. Mientras que los tipos reales de diversos grupos son irrisorios.

El Gobierno, que sigue retrasando la publicación de la lista de defraudadores que prometió cuando se acercaba la campaña de la Renta, no debe caer en sembrar un discurso del miedo sobre determinados colectivos. Y debe apostar por una estrategia de menos impuestos, más sencillos y una aplicación más rigurosa.