La reforma de las modalidades de contratación; bien encaminada pero no termina de rematar.

El Gobierno anunció ayer que ultima una reforma de las modalidades de contratación, una maraña que genera más de un quebradero de cabeza a los empresarios que quieren crear empleo. Es un atraso que un país al filo de los seis millones de parados y con más del 50% de paro juvenil tenga 41 modalidades de contratación, en contra de las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI, la Comisión Europea y de la mayoría de los servicios de estudios privados. A partir de ahora sólo habrá cinco formularios para contratar a un trabajador, lo que permitirá ahorrar tiempo y dinero a las compañías.

Aunque es un paso adelante pendiente desde que se aprobó a comienzos de legislatura la reforma laboral (entonces sólo se eliminó el contrato de fomento a la contratación indefinida y se creó otro nuevo indefinido para apoyar a los emprendedores), esta medida no incentivará la contratación estable como vende el Ejecutivo, ya que seguirán existiendo contratos temporales, en prácticas y de formación. Eso sí, el Ejecutivo sigue resistiéndose a poner en marcha el famoso contrato único que pide el comisario europeo de Empleo.

Con la medida que se anunció ayer se frenará el caos creado con los modelos de contrato que coexisten ahora, un desincentivo claro para los empresarios. Sin embargo, no se elimina el miedo a aumentar plantillas por las trabas existentes para despedir y por el coste de las indemnizaciones futuras. Aunque los cambios que se anunciaron ayer van en la buena dirección y los últimos datos de empleo muestran un cambio de tendencia, el Ejecutivo tampoco debe conformarse con una lectura voluntarista del primer año de la reforma laboral. 

Lo que está claro es que aún no se crea empleo neto, aunque sea de forma más lenta que hace un año. Es cierto que cada vez hay más facilidades para apostar por la flexibilidad salarial que por el despido, pero el Gobierno debe dar una vuelta de tuerca más a la reforma de la negociación colectiva, que dé más flexibilidad a los empresarios para que puedan evitar a toda costa que siga aumentando el paro y que las indemnizaciones por despido obliguen a cerrar la empresa.

Fátima Báñez tendrá que escuchar en los próximos meses con atención a la OCDE, que presentará un análisis exhaustivo de la reforma laboral. Lo único claro es que, aunque en el primer año y medio de legislatura se han dado pasos importantes, el Gobierno debe seguir actuando en un país con el 26% de su población activa en situación de desempleo.