El caliente otoño que se avecina.

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 Esta semana comienza el nuevo curso político que, un año más, estará marcado y casi monopolizado por la economía. Pero esta vez la cuesta de septiembre se antoja más relevante que en los años anteriores, pues parece que nos encontramos en la antesala de la ansiada recuperación. Y con ese objetivo como mascarón de proa de la acción del Gobierno, Rajoy busca apuntalar su esfuerzo reformista en este otoño. A su favor juegan una prima de riesgo ciertamente relajada, en comparación con el año pasado (252 frente a más de 600 puntos básicos), el auge del sector exterior y del turismo, y los indicadores adelantados, que ya avanzan una salida de la recesión.

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Pero sería un grave error que Rajoy se abandonara a esa inercia tímidamente positiva. Queda mucho por hacer y mucho que profundizar en lo ya hecho. Para drenar las listas del paro hay que crecer a toda costa, pero de forma robusta. Más aún cuando las soluciones esbozadas por la Unión Europea siguen sin materializarse y los problemas de fondo se mantienen.

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Asi que Rajoy afronta un curso político cargado de incertidumbres. Para empezar, debe lidiar con dos problemas políticos tan espinosos como graves: el caso Bárcenas y el caso Gibraltar. En el primero de ellos, Rajoy se juega su prestigio político y el de su partido. En el segundo, el crédito internacional de España.

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Rajoy deberá apagar estos dos fuegos sin olvidar el frente abierto por un nacionalismo cada día más beligerante, o la dificultad de embridar las cuentas autonómicas. De hecho, meses antes de que se reforme la financiación regional ya brotan las insatisfacciones a cuenta del injusto déficit a la carta –las dos más sonadas, las de Cataluña y Madrid– y se han enconado las posturas por lo que cada vez es más difícil el consenso.

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Para consolidar la recuperación económica que aventan los indicadores no queda otra que profundizar en las reformas. Para empezar, es realmente difícil de explicar que aún no se haya puesto en marcha, con todas sus consecuencias, la reforma del sector público, cuyo gigantismo es, sin duda, una de las rémoras de nuestra economía. Una racionalización de lo público que debería verse acompañada por un nuevo marco de contratación. Quiere decirse que la reforma laboral aprobada, siendo buena, no es suficiente. Tiene razón CEOE cuando reclama más flexibilidad en los contratos y eliminar “privilegios” de los indefinidos con el contrato único. ¿Por qué? Porque sólo así se frenaría la sangría del paro.

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