Las autonomías incumplidoras siguen siendo la gran amenaza del conjunto del país.

Las comunidades autónomas que incumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria del pasado ejercicio se han visto obligadas, como establece la ley, a presentar planes de ajuste ante el Ministerio de Hacienda para que sus finanzas vuelvan a atrapar la senda de estabilidad de sus compañeras. Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares fueron, por este orden, las que acumularon mayor desfase en 2012, y las que deben apretarse ahora el cinturón más que las demás. Los planes económico financieros entregados al equipo de Cristóbal Montoro aportan motivos para laconfianza, para la incertidumbre y también para el pesimismo.

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Es positivo, sin duda, que prácticamente todas las regiones incumplidoras (a excepción de Baleares) hayan puesto en marcha planes de privatizaciones empresariales y venta de activos públicos. En total suman objetivos de venta de más 1.200 millones de euros. 

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Cataluña, con un grupo empresarial que valora en 550 millones de euros, aparece como la más ambiciosa. La crisis se muestra así como una gran oportunidad para reducir el peso de la administración pública –más allá de lo que estrictamente le pertenece como garante del Estado de Bienestar– y eso se traduce en una amalgama de empresas públicas con ánimo de lucro y ocupando un terreno que desempeñaría con mayor eficiencia el sector privado.

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No es tan positivo que la segunda herramienta de la que echen mano los dirigentes regionales sean las subidas de impuestos, por temor a recurrir a efectivos recortes del gasto que, a pesar de las apariencias, apenas se han producido. Las subidas de impuestos supondrán aumentar el castigo fiscal en torno a 1.200 millones sobre los habitantes de estas cinco autonomías.

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Y es motivo para la frustración que prácticamente todas ellas asuman el fin de la crisis para 2014, previendo ya aumentar el gasto en sus presupuestos. Y no sólo por los costes financieros, ya que los capítulos de personal y de gasto corriente también crecen. Así que el gasto público, que no ha bajado respecto a los años anteriores a la crisis, se dispone a volver a crecer. Es la mayor prueba de que buena parte de los gobernantes (para más inri, quienes han gestionado peor sus finanzas) están desaprovechando la oportunidad para reducir el descomunal tamaño del sector público y asumiendo, para mal del país, que en años venideros se podrá gastar como antes. En este caso, la irresponsabilidad de los gestores se une a la laxitud y cobardía del actual Gobierno, que se ha negado reiteradamente a meter en cintura el despilfarro autonómico tras cumplirse, ya el quinto año de crisis.

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