Atrapados en el estado de la nación. Clemente polo.

Clemente Polo, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 La cita anual en el Debate sobre el Estado de la Nación de este año ha puesto de manifiesto el escaso margen de maniobra de que disponen tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición. Aunque la broma de que los economistas sólo predecimos el pasado se ha convertido ya en un recurso periodístico, lo cierto es que algunos (no muchos, es verdad) miembros del gremio lúgubre advertimos enseguida por qué la recesión que se inició en el último trimestre de 2008, tras el período de expansión más largo desde el establecimiento de la democracia, iba a ser severa y larga. La recesión, la crisis financiera y sus secuelas (destrucción de empleo, paro, caída del crédito y aumento de la morosidad, y finanzas públicas maltrechas) estuvieron ayer omnipresentes en el hemiciclo y dejaron en evidencia a unos y a otros, por razones distintas.

Rubalcaba ante el espejo

Pérez Rubalcaba era ministro de Interior de Rodríguez Zapatero (RZ) al inicio de la recesión, responsabilidad a la que acumuló las de vicepresidente y portavoz desde octubre de 2010 hasta su dimisión en mayo de 2011 para convertirse en el candidato del PSOE en las elecciones de noviembre. La credibilidad de RZ y quienes como Rubalcaba compartieron las responsabilidades de gobierno durante ese tiempo quedó irremediablemente dañada por su manifiesta incapacidad para comprender la naturaleza de la recesión y la crisis financiera que padecía la economía española, y por aplicar unas políticas expansivas por el lado del gasto al tiempo que permitían que se desplomaran los recursos públicos. Las consecuencias de semejante dislate eran fácilmente previsibles: el déficit público alcanzó el 11,1 % del PIB en 2009 y la deuda pública creció a partir de entonces a un ritmo insostenible, dejando a la economía española al albur de las veleidades de unos mercados financieros donde imperaba una gran desconfianza que, en el caso de la UE y a diferencia de los EEUU, se acentuaba por la falta de un gobierno federal y un banco central dispuestos a afrontar con contundencia la complicada situación.

RZ tuvo que dar un giro dramático a sus políticas en mayo de 2010, e inició los recortes del gasto y las elevaciones de impuestos que Rajoy se ha visto obligado a mantener e incluso intensificar tras su victoria electoral en noviembre de 2011. Por eso, cuando Rubalcaba reprochaba a Rajoy las consecuencias de sus políticas, destrucción de empleo, aumento del paro, recortes de los servicios públicos y otras prestaciones, subidas de impuestos, tibieza ante el fraude fiscal, aumento de la desigualdad, etcétera, uno no sabía si los reproches los dirigía a Rajoy o a él mismo.

Rajoy contraatacaba apuntando a la pesada herencia recibida (el déficit, la inmensa pila de facturas acumuladas en los cajones de las AAPP y la desastrosa situación de algunas entidades financieras) y enumerando los avances logrados en los dos últimos años, como el crecimiento de las exportaciones y la mejora del saldo exterior, o la reducción de la prima de riesgo y el déficit público.

El problema de Rajoy es que llegó al gobierno con un programa bien distinto al que ha desarrollado durante estos dos años, porque prometió a los españoles sacarles del marasmo en que se hallaba inmersa la economía española sin necesidad de grandes sacrificios: el déficit se reduciría sin subir impuestos ni recortar servicios públicos, pensiones o derechos de los trabajadores, así de sencillo. Su diagnóstico, como señalé en otro artículo publicado en abril de 2010, también era equivocado, de ahí que desde su primer Consejo de Ministros, Rajoy tuvo que poner en marcha políticas contradictorias con su programa electoral. La excusa de que se encontraron con un déficit superior al esperado y 8 millones de facturas pendientes de pago tampoco resulta creíble, pues cualquier persona informada conocía perfectamente la gravedad de la situación.

Después de dos años nadando a contracorriente, Rajoy presentó durante el debate algunas tímidas propuestas para reducir determinados impuestos y subvencionar contrataciones, con la mirada puesta en las elecciones de 2015. Casi al mismo tiempo que el presidente las anunciaba, Rehn, comisario de Economía de la UE, elevaba la previsión de crecimiento para España en 2014 del 0,5% al 1% pero advertía que reducir impuestos y alcanzar los objetivos de déficit en 2014 y 2015 constituye todo un reto, una manera educada de decirle al gobierno español que el horno no está para bollos.

Cuando una economía tiene un déficit público que supera los 65.000 millones y un volumen de deuda pública que alcanzará el billón de euros a finales de 2014, anunciar reducciones impositivas raya con la temeridad. El Gobierno cometería una grave equivocación si, por falta de ambición, no va más allá incluso de los objetivos de reducción del déficit público marcados por Bruselas; o si, para cumplir dichos objetivos, carga todo el peso del ajuste en la reducción del gasto durante los próximos años, porque las condiciones operativas de muchos servicios públicos son ya muy precarias y recortar más algunas prestaciones agravaría la creciente desigualdad y el malestar social, como Rubalcaba le reprochó en el debate.

Una reforma fiscal en profundidad

El Gobierno ha encargado a una comisión de expertos presentar propuestas para acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal cuya capacidad recaudatoria, pese a los elevados tipos nominales, es muy inferior a la de otros países de la UE. Eliminar deducciones que merman la eficacia recaudatoria, aproximar el gravamen por módulos a los ingresos reales, y dedicar más recursos a combatir el fraude fiscal son medidas imprescindibles para aumentar la recaudación sin elevar los tipos. En lugar de insistir en establecer bonificaciones transitorias de dudosa eficacia la contratación, convendría también abordar de una vez por todas la reforma de la financiación de las prestaciones de la Seguridad Social, sustituyendo las cotizaciones sociales por otros ingresos como el IVA, que permitirían reducir los costes laborales, aumentar la contratación y el empleo y reforzar la competitividad de las empresas españolas.

La cuestión catalana

No quisiera terminar esta crónica sin referirme a la cuestión catalana, muy presente en el debate. Duran i Lleida, portavoz de CiU, informó a Rajoy de que “Cataluña son 7,5 millones de personas que no tienen ningún problema con los españoles” (al menos, eso es lo que pensamos quienes nos sentimos españoles) y que “Cataluña no repudia la realidad catalana que se expresa en castellano”, aunque olvidó añadir que su gobierno impide que la lengua oficial en todo el Estado se emplee como lengua vehicular en Cataluña, algo impensable en cualquier otro Estado del mundo. Afirmó sin titubeos que “la consulta es legal”, pronosticó que “una mayoría declarará una independencia unilateral si no hay acuerdo político” y concluyó que si “no quiere una España amputada” debería apostar por el diálogo.

Dialogar, ¿sobre qué? ¿Para qué va a sentarse Rajoy con Mas, Junqueras, Herrera y demás políticos catalanes que votaron a favor de la independencia en las consultas celebradas hace unos años, que han reafirmado una y otra vez su compromiso con la independencia desde entonces y que han alentado y financiado a las organizaciones civiles que la promueven? Rubalcaba ganaría bastantes enteros si dejara de hacer demagogia agitando su fantasmagórica reforma federal, porque no hay federación que valga para quienes ya han abrazado la independencia.

Por su parte, Rajoy no puede sentarse ahora a discutir los términos de la independencia con Mas (o con Junqueras, cuando le suceda) por la misma razón que expuso Lincoln en su primer discurso inaugural en 1861, cuando dirigiéndose a sus “insatisfechos conciudadanos” les recordó que en sus manos, no en las de él, “estaba la cuestión crucial de la guerra civil. El Gobierno no os atacará… vosotros no habéis inscrito vuestro juramento en el Cielo para destruir el gobierno, mientras que yo habré contraído el más solemne compromiso de preservarlo, protegerlo y defenderlo”.

Hace bien Rajoy recordando que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español pero conviene que vaya pensando ya en las medidas que adoptará cuando una facción proclame unilateralmente la independencia en Cataluña. No falta mucho.