Justicia y saneamiento empresarial; un atisbo de sentido común.

La Audiencia Nacional ha dado esta semana un gran impulso a dos de los principales casos financieros abiertos tras el estallido de la crisis: CAM y Novacaixagalicia. Los jueces que instruyen estas causas creen que la investigación ha llegado a su término y han abierto la puerta a que los antiguos responsables de la caja alicantina y las gallegas se sienten en el banquillo. Aunque ambos casos son muy diferentes, la esencia es la misma: los exdirectivos presuntamente se saltaron la normativa interna y de los supervisores para multiplicar su remuneración a pesar de que, en paralelo, la situación de la entidad se estaba deteriorando. En el caso de CAM, las acusaciones sospechan también que uno de sus antiguos responsables financió sus negocios inmobiliarios en contra de los intereses de la caja.

 Aunque todavía es pronto y los jueces podrían acabar declarando inocentes a estos imputados, el avance en este tipo de casos es positivo de cara a la opinión pública. El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló hace algunos días que la factura de CAM podría duplicar los 7.000 millones en los que se cuantificó inicialmente. Aunque el rescate de esta entidad lo pagó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), éste es considerado por Bruselas un organismo público y cualquier pérdida adicional tiene impacto en el déficit. Y en el caso de NCG Banco, ya traspasado al venezolano Banesco, costó a las arcas públicas más de 8.000 millones. Se trata de un dinero por el que los contribuyentes exigen responsabilidades.

De Guindos presenta un plan creíble y eficaz para las empresas con problemas de liquidez.

El Gobierno está trabajando en un plan de recapitalización de empresas mediante conversión parcial de deuda bancaria en capital. Se trataría de permitir que empresas viables operativamente, como Eroski o Pescanova, pero con una estructura de capital insostenible por el exceso de deuda capitalizasen una parte para asegurar su viabilidad. Las participaciones empresariales de la banca están fuertemente penalizadas, porque según las ratios de capital de Basilea III consumen la mayor proporción de recursos propios. Según el plan del ministro de Economía, Luis de Guindos, este mayor consumo podría verse parcialmente compensado por una suavización de las provisiones que los bancos deben dotar en las operaciones de refinanciación.

El efecto práctico sería muy beneficioso para la economía real: sustitución de deuda por capital con un desapalancamiento inmediato del sector privado, y configuración de una estructura accionarial sostenible para empresas operativamente viables, que de otro modo irían a liquidación o a concurso para luego venderse por partes con fuertes descuentos, destrozando en el camino el empleo. De prosperar este esquema, los actuales accionistas verían diluidos sus porcentajes de participación, pero podrían afianzar el valor del paquete resultante y asegurar la viabilidad de la empresa. 

Este esquema deberá contar con el visto bueno del Banco de España, que es quien tiene la última palabra sobre las provisiones. Pero el planteamiento tiene mérito para ser analizado con amplitud de miras, pues pudiera suponer la diferencia entre salir adelante o no para muchas empresas.