La intolerable deuda pública dinamita la recuperación.

El Banco de España dio a conocer ayer que la deuda pública alcanzó el 94,05% del Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado, una cifra sin precedentes en las estadísticas. Hay que revisar los libros de Historia para encontrar un nivel de deuda tan elevado, concretamente a comienzos del siglo XX. Aunque la cifra no ha superado las perspectivas del Gobierno, lo que permite que este incremento de la deuda no genere dudas entre los inversores internacionales, el incremento del endeudamiento de las Administraciones un 8,7% en un sólo año sí obligará al Ministerio de Economía a tomar cartas en el asunto en la recta final de la legislatura, sobre todo teniendo en cuenta que la reducción de la deuda pública es una exigencia de la Constitución Española desde el verano de 2011.

Pica para ampliar.

Aunque es cierto que el aumento del endeudamiento se explica principalmente por el rescate a las entidades financieras –sin el que la economía española no habría conseguido sortear el fantasma del rescate– y por el salvavidas a las comunidades y a los ayuntamientos a través del Fondo de Liquidez Autonómica y del Plan de Proveedores –que han sacado a la luz muchas facturas de los cajones–, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene que diseñar una hoja de ruta clara para luchar contra una losa para las generaciones futuras con la que hay que acabar cuanto antes, apostando sobre todo por reformas de calado y con efectos en el largo plazo, y no sólo por ajustes puntuales como las rebajas del salario a los funcionarios y otros recortes con repercusiones en un sólo ejercicio, pan para hoy y deuda para mañana. Además de los ajustes y de las subidas de impuestos, las medidas de impulso del crecimiento también contribuirán a sanear las arcas públicas en el futuro. La reforma fiscal será esencial para conseguir unos niveles de ingresos públicos adecuados para sostener el actual del Estado del Bienestar y acabar, de paso, con un sistema tributario que desincentiva la creación de empleo y la actividad empresarial.

La deuda pública española, dentro del contexto de la zona euro, se encuentra a niveles razonables. El problema no es el porcentaje absoluto en sí de la deuda sino la incapacidad de nuestra deteriorada economía y el inexistente modelo económico para hacer frente a ésta. Pica para ampliar.

Las estimaciones del Gobierno y de los organismos internaciones siguen contemplando que en los próximos años la deuda pública seguirá escalando hasta el 100% del PIB y que sólo en 2016 empezará a cambiar la tendencia. Ante estos números alarmantes –no hay que olvidar que esta excesiva dependencia de los mercados podría dinamitar la recuperación si vuelven a surgir problemas en países como Grecia o Italia–, el Gobierno debe seguir apostando decisivamente por la austeridad y por una reforma de la Administración que acabe radicalmente con el gasto superfluo.