España y Grecia lideran el ranking europeo de corrupción.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos acaparan uno de cada 2 euros del gasto público español, pero el control al que el Estado somete ese gasto es insuficiente. Así lo asegura la Comisión Europea en su primer Informe Anticorrupción en los Estados miembros de la Unión Europea. La publicación del estudio coincide con la del sondeo especial sobre corrupción del Eurobarómeto, el servicio de encuestas de la UE, que sitúa a España como el segundo país comunitario donde los ciudadanos y las empresas consideran que la corrupción está más generalizada.

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Bruselas lamenta que “no se ha desarrollado a nivel central un enfoque global como base para hacer frente a determinados riesgos y puntos débiles a nivel regional y local”. Por ello, insta a España a desarrollar “estrategias anticorrupción a medida para los niveles de administración local y regional”.

El informe de la Comisión Europea, que en su resumen específico sobre España destaca precisamente la escasez de controles sobre el gasto público de CCAA y ayuntamientos: “La eficacia global de los controles y equilibrios en relación con el gasto público a nivel regional y local parece ser insuficiente en la medida en que las amplias competencias atribuidas no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada”.

De Gürtel a los ERE.

Según indica el estudio, “numerosos procesos penales pasados y en curso por denuncias de corrupción atañen a cargos electos locales y regionales, en muchos casos con la implicación de redes de clientelismo”. Sin mencionarlos por nombres y apellidos, el informe se hace eco del caso Gürtel, de los EREs en Andalucía, de la ITV en Cataluña o de casos de puerta giratoria del sector público al privado en la sanidad pública en Madrid: “Algunas de las investigaciones más sonadas a nivel regional y local atañen a la supuesta malversación de fondos públicos por antiguos altos cargos regionales para la concesión de paquetes de ayuda a la jubilación anticipada, abusos en los planes de reducción de plantilla o supuestas prácticas corruptas al respecto de los contratos públicos del sistema de inspección de vehículos o a la adjudicación de contratos públicos en el sector de la asistencia sanitaria”.

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Bruselas asegura que las “grandes cantidades” invertidas en “infraestructuras y obras públicas” generaron un “contexto”, en el que se han multiplicado “las denuncias de corrupción en el sector del urbanismo que, en algunos casos, implicaban la financiación ilegal de partidos políticos y la malversación de grandes cantidades de dinero público”.

Ése es precisamente el otro gran nicho de corrupción política en España: la financiación de partidos. El informe cita el caso Bárcenas sin tratarlo por su nombre: “Están en curso investigaciones a gran escala en las que están implicados un ex tesorero de un partido político y casi noventa destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas relacionadas con la contratación pública y la financiación ilegal de los partidos”.

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Para corregir la situación, Bruselas insta a “continuar con las reformas y la implementación de las nuevas reglas de financiación de partidos”; a crear “códigos de conducta exhaustivos para cargos electos” y miembros de partidos políticos; y a reforzar las competencias y la independencia de organismos como la Oficina de Conflictos e Intereses, que vigila los conflictos de interés de cargos públicos.

Y el 80% de las empresas españolas denuncian trato a favor en los concursos públicos.

El 80% de las empresas españolas considera que los pliegos de condiciones de los concursos públicos están hechos a la medida para determinadas empresas; el 79% denuncia conflictos de intereses en la evaluación de las ofertas por parte de quien toma las decisiones y el 72% denuncia abusos de los procedimientos negociados, aquellos en las que no hay concurso público y la administración negocia los contratos con un reducido número de empresarios.

Con este escenario, dibujado en el Informe Anticorrupción 2014 publicado ayer por la Comisión Europea, no desentonan los datos de percepción de la corrupción por parte de empresas. Según el Eurobarómetro, el servicio de encuestas de la UE, el 97% de las empresas españolas considera que la corrupción está generalizada en el sistema español, frente al 75% de media comunitaria.

A ello se suma otro dato contundente: el 54% de las empresas considera que la corrupción es un problema “muy serio” o “bastante serio” a la hora de hacer negocios en España. La media de la UE en este apartado se sitúa en el 41%. Y a ello se suma el 46% de empresas que asegura que el clientelismo y el nepotismo son un problema con el que lidiar en España. En este caso, no obstante, las cifras no se desvían tanto de la media comunitaria, que se sitúa en el 41%. En cuanto a sobornos, España también se acerca a la media: un 6% asegura que a su empresa le han pedido sobornos, frente al 5% comunitario.

Ciudadanos.

Estas percepciones de elevados niveles de corrupción también son compartidas por los ciudadanos españoles, que se consideran los europeos más afectados directamente por este problema. Según el Eurobarómetro, el 63% de los españoles considera que la corrupción les afecta en su vida diaria, frente a un 25% de media en la UE.

Además, el 95% de los españoles considera que la corrupción está generalizada en el país, frente al 76% de media en la UE. Solo Grecia, con un 99%, se sitúa por encima de España en este campo. En cambio, sobre la corrupción a pequeña escala, solo un 2% de españoles asegura haber recibido propuestas para pagar un soborno el año pasado, frente al 4% de media en la Unión Europea.