Europa tiembla con las cuentas de las autonomías españolas.

Entre las reformas que tiene pendientes el Gobierno español, la Comisión Europea le instó esta semana a acelerar la creación de una oficina que fiscalice los presupuestos nacionales y autonómicos, una de las medidas impuestas en el protocolo por déficit excesivo del pasado mes de mayo. El pasado viernes el Ejecutivo dio el primer paso para la puesta en marcha de la llamada Autoridad Fiscal Independiente, con el objetivo de que esté operativa para analizar las cuentas públicas de 2014, que deben empezar a elaborarse después de verano. El reforzamiento del control presupuestario de los Estados miembros de la UE es uno de los más decisivos (y escasos) pasos dados en la construcción europea tras el estallido de la crisis. A partir de este año, los presupuestos estatales serán revisados por Bruselas antes de que los aprueben los parlamentos nacionales, y la Comisión podrá recomendar modificaciones a los gobiernos.

Algunos países europeos ya cuentan desde hace años con un organismo fiscalizador independiente –Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Holanda, entre otros–, mientras que a las economías rescatadas como Irlanda, Grecia o Portugal se les forzó a crear un ente de este tipo. En España, existe el precedente de la oficina presupuestaria creada por el expresidente José María Aznar en 1996, que dirigió José Barea, pero la experiencia fue breve y controvertida. En los últimos años, esa labor la ha realizado el Ministerio de Hacienda, aunque sus exigencias a las comunidades autónomas para que cumpliesen los límites de déficit fijados han levantado ampollas entre éstas al implicar duros ajustes y recortes del gasto, unas discrepancias que los gobiernos regionales han politizado en exceso para intentar mantener intactas sus sobredimensionadas estructuras. Pero los reiterados incumplimientos de algunas regiones (con Cataluña y Valencia a la cabeza) las han situado en el punto de mira de Bruselas.

Las finanzas autonómicas son el talón de Aquiles de la economía española a ojos de los socios europeos, por lo que conviene despejar toda sospecha de parcialidad en las futuras actuaciones de la Autoridad Fiscal Independiente. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría se comprometió el pasado viernes a que la institución “no esté sujeta a las instrucciones del Gobierno”. Y es que la auténtica vara de medir el éxito de este organismo fiscalizador será que consiga mantener en el tiempo un criterio propio y autónomo de todo poder político, sea cual sea.