Hay que poner fin a la corrupción política si no queremos dañar la Democracia para siempre.

La proliferación de casos de corrupción en el seno de la mayoría de los partidos políticos españoles despierta la alarma y la indignación ciudadana. En plena depresión económica, ha emergido de las cloacas de la vida pública tal pestilencia en forma de manejos irregulares de dinero público que se ha extendido la impresión de que se trata de un comportamiento generalizado. Contra estas conductas, sólo cabe una receta: transparencia y control preventivo del fraude. Por eso los inspectores de Hacienda quieren que, como sucede en otros países de nuestro entorno, los dirigentes políticos y sus familiares sean considerados como un grupo de riesgo en las actuaciones de la Agencia Tributaria. Para este año, el Ministerio de Cristóbal Montoro ha puesto el foco de la inspección sobre los artistas, deportistas y profesionales.

A juicio de los inspectores, resulta imperativo estrechar el cerco sobre la clase política una vez que se han demostrado fallidos los cortafuegos actuales contra la evasión fiscal de este colectivo. Es urgente para la salud de la democracia española combatir las sospechas de impunidad en torno a las actuaciones de los políticos. Se da la paradoja de que, en la actual ley nacional contra el blanqueo de capitales, los dirigentes políticos extranjeros son objeto de inspección prioritaria, pero no la clase política española (ya hay que ser hipócrita y sinvergüenza). La propuesta de los inspectores supondría que los bancos, abogados y notarios estarían obligados a notificar al servicio antiblanqueo del Banco de España cualquier movimiento sospechoso en el que participase algún político o su círculo más próximo. Nadie que actúe de buena fe debería mostrarse opuesto a esta posibilidad, que también está contemplada en una directiva que está elaborando la Comisión Europea.

Es cierto que el Gobierno de Mariano Rajoy ha lanzado iniciativas relevantes contra el fraude y la corrupción (como el endurecimiento de las penas de prisión, aunque los inspectores denuncian que en la última reforma del Código Penal se haya incluido la posibilidad de exonerar de la cárcel a los imputados si pagan su deuda), y que prepara otra batería de medidas para los próximos meses. Pero todo esfuerzo que se haga en este sentido será poco dado el actual descrédito de la clase política entre la ciudadanía. Únicamente la actuación ejemplarizante contra los representantes políticos que hayan quebrantado la ley y defraudado la confianza de los ciudadanos podrá contribuir a restañar el daño producido.