El agujero negro en las pensiones asciende ya a 6.500 millones de euros y se espera un total de 10.500 millones de pérdidas.

La Seguridad Social está sufriendo un fuerte impacto en sus cuentas por la destrucción del empleo y es lo que está causando un déficit estructural en el sistema. Más allá de la diferencia coyuntural entre ingresos y gastos de un ejercicio.

En los cinco años transcurridos de crisis y recesión, la Seguridad Social ha perdido 2,9 millones de empleos. O, dicho de otra manera, de cotizantes. Este hecho significa que se ha perdido una década de empleo. El sistema de protección ha retrocedido a 16,5 millones de afiliados, y todo ello supone 4.163 millones de euros menos de ingresos por cotizaciones al año.

A esta pérdida de recaudación por la propia destrucción de empleo hay que sumar otra partida que, paradójicamente, se produce por el intento de conservar los puestos de trabajo. En efecto, los aplazamientos de pago de cotizaciones sociales que la Seguridad Social concede a las empresas para garantizar su viabilidad y, por lo tanto, para que no despidan trabajadores, provocan una pérdida de recaudación al sistema de 2.400 millones de euros.

Por lo tanto, en conjunto, el sistema de protección social pierde anualmente 6.563 millones de euros por causas atribuibles directamente al hundimiento del empleo. Hay que tener en cuenta, que esta suma supone ya el 60% de los 10.500 millones de euros del déficit con el que la Seguridad Social prevé cerrar este año.

EL RECORTE

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, puso todos estos datos sobre la mesa para explicar a los partidos de la oposición la reciente decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones este año conforme a la inflación real. En noviembre, este indicador fue del 2,9%, 1,9 puntos más que el incremento del 1% que tuvieron todas las prestaciones a principios de año. Con esta medida, el Ejecutivo, que está intentando sujetar el déficit público, ahorrará 2.300 millones de euros. La pensión media perderá del orden de 430 euros al año.

En su comparencia ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Báñez recordó que, como compensación por este recorte, en 2013, el Gobierno subirá un 2% a los 6.660.000 pensiones que son inferiores a 1.000 euros mensuales, y un 1% al resto.

La ministra insistió en la consigna del Gobierno de cumplir con la reducción del déficit público a toda costa, para "volver cuanto antes al crecimiento económico y a la creación de empleo", y a pesar de que el "compromiso del Ejecutivo con los pensionistas es irrenunciable".

No obstante, Báñez acusó a la gestión del anterior Gobierno, del PSOE, de provocar las dificultades de la Seguridad Social con algunas de sus decisiones. Por ejemplo, al permitir durante la anterior legislatura que las cotizaciones sociales llegasen a pagar 40.000 millones de euros en prestaciones que debían haber sufragado los impuestos generales. En su crítica a los socialistas, la ministra recordó también que cuando el PP llegó al Gobierno, la Seguridad Social ya arrastraba un déficit estructural de 7.700 millones de euros. También explicó que la Administración anterior no incluyó 14.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuando podía haberlo hecho en tiempos de bonanza.

La delirante López i Chamosa sigue siendo la portavoz socialista en materia de Pensiones. Flaco favor al Partido Popular le hacen con ésta en el Congreso.

Todo fue en vano, porque la oposición arremetió duramente contra la decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones y de abrir el Fondo de Reserva para pagar las prestaciones sin consultarlo, previamente, al Parlamento.

Izquierda Unida todo lo quiere solucionar creando o subiendo impuestos... aunque el problema de fondo radica en que no hay partido que no solucione algo si no es recurriendo a la temible receta típicamente de izquierdas.

Precisamente, la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, acusó al Gobierno de utilizar el Fondo de Reserva "sin control" y de "engañar a los ciudadanos" por recortar las pensiones después de las elecciones catalanas del 25 de noviembre. El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, dijo que la medida es "inconstitucional" y, como el representante de Amaiur, Sabino Cuadra, acusó al Gobierno de "mentir". El portavoz de CiU, Carles Campuzano, criticó al Ejecutivo "por colocar a los ciudadanos al límite de su paciencia con nuevos ajustes". Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, pidió un impuesto para sostener las pensiones.