Las Comunidades Autónomas en pie de guerra. La ingobernabilidad del "café para todos"

España es un corral revuelto donde todos compiten en terquedad. El Gobierno central cada vez tiene más difícil ejercer su autoridad sobre sus diecisiete autonómicos, todos enfurruñados por la severa disciplina económica que imponen Estado y Europa. Las últimas sublevaciones las protagonizan Extremadura y el País Vasco, que no quieren dejar a sus funcionarios sin la paga extra de diciembre, como así decretó Mariano Rajoy en julio. Todos llaman a la puerta del Tribunal Constitucional para que ponga orden en esta España ingobernable.

El mapa de la desobediencia. Pica para ampliar 

El Gobierno vasco de Paxti López (PSOE), ya haciendo las maletas tras la victoria del PNV en las elecciones autonómicas del 21 de octubre, confirmó el pasado martes que abonará la paga de Navidad a sus 67.000 funcionarios. De este modo, López abandona su puesto de lehendakari con un ataque de despedida al PP, como venganza por la ruptura del pacto entre socialistas y populares para gobernar Euskadi, que ahora volverá a manos nacionalistas.

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Pero en La Moncloa no se han arrugado, o eso parece. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció ayer, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno recurrirá esa medida al Constitucional.

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Algo muy parecido ocurre con el Ejecutivo extremeño de José Antonio Monago (PP), apodado El Barón Rojo por su pacto de gobierno con IU y por su tendencia a contradecir las directrices de Madrid. Por ejemplo, asegura que mantendrá el IVA para el sector de la cultura en el 13%, bastante menos que el 21% fijado para el resto de España. Hacienda ya le advirtió de que ese gravamen "es incompatible con la ley".

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Monago ha recurrido a una argucia técnica para dar también el abono extra sin incurrir en conflictos competenciales que le conduzca a los tribunales: adelantar a enero la paga prevista para julio. Se trata de la misma fórmula que pretende aplicar Navarra, presidida por Yolanda Barcina (UPN), de ideas afines al PP. Es decir, que la rebelión autonómica no desaparece cuando la comunidad y el Gobierno central comparten ideología o incluso siglas. Un buen ejemplo es el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid (PP) de imponer el cobro de un euro por receta médica, tal como hiciera Cataluña en junio. Rajoy aún no se ha aventurado a llevar ambas decisiones ante el Constitucional, pero el Consejo de Estado ya ha dicho que irían en contra de la Carta Magna.

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Los recortes en Sanidad son el primer foco de conflicto entre Administraciones. Algunas por pasarse de frenada (Cataluña y Madrid) y otras por negarse a adoptar políticas dolorosas como la retirada de la asistencia a los inmigrantes sin papeles. Andalucía, Asturias y País Vasco son algunas de ellas.

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Y aunque muchas comunidades se sirven de la crisis y de los recortes para intentar agigantar su soberanía (Artur Mas es el ejemplo perfecto, con los resultados sabidos), todavía perviven vulneraciones a la igualdad ciudadana como la exclusión del español en las escuelas públicas. Pero esa es otra historia.

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El segundo país más descentralizado del mundo

La recesión y el enorme desplome de los ingresos públicos han puesto en evidencia los fallos del modelo de Estado español. El desafío de Artur Mas en Cataluña ha sido el ejemplo más reciente de una inestabilidad territorial en la que tiene mucho que ver la economía. Pero la propia evolución de las leyes y las competencias autonómicas.

Los últimos treinta años han acabado por situar a España como el segundo país más descentralizado del mundo, por detrás de Canadá. De hecho, en la misma campaña electoral catalana se abrió un debate sobre el futuro de la arquitectura institucional española, donde el PSOE abogó por un modelo federal. Dicho modelo tiene como referencia a potencias económicas como EEUU, Alemania o Suiza. No obstante, estos son ejemplos de un federalismo simétrico, donde todos los Estados son iguales y en los que las leyes federales (es decir, las que emanan del Gobierno central) tienen mayor rango que las regionales. En caso de duda, por lo tanto, la Administración central tiene la última palabra y no se abren grandes brechas de desigualdad entre sus ciudadanos. 

¿Este es el país que quisimos al votar la Constitución en el lejano 78?

No sucede así en España, con un modelo único en el mundo: conjuga aspectos de un Estado unitario (la soberanía reside solo en el pueblo español y el poder judicial es único) con la descentralización ejecutiva y legislativa propia de un Estado federal. En comparación con otros países, las autonomías tienen unos amplísimos niveles de autogobierno que en muchos aspectos sobrepasan las competencias de los Estados de una federación, sobre todo en el caso de País Vasco y Navarra.

 Al mismo tiempo, no obstante, las comunidades españolas tienen una gran dependencia del Gobierno central. Por ejemplo: el 15% de los ingresos de las provincias de Canadá proceden de lo que les inyecta la Administración, mientras que las autonomías españolas perciben el doble, más del 30%. En Alemania, por su parte, los länder (Estados) y los municipios se reparten los ingresos del IRPF, IVA y Sociedades. No obstante, la cuota recaudatoria de cada zona debe aprobarse por el Senado, lo cual obliga a un consenso entre ellas y les impide hacer la guerra fiscal por su cuenta.