¿Chinos o europeos?, ¿quienes muestran verdadero interés en ser socios?

 En un contexto de crisis como el actual, captar el interés de quienes aún disponen de la capacidad de invertir grandes sumas de dinero, como China, supone un tesoro a preservar. De ahí que el Gobierno español deba mediar para que las tensiones comerciales generadas en las últimas semanas entre la UE y China no estropeen el clima de buen entendimiento entre España y el gigante asiático que ha impulsado la llegada de capital chino a las grandes empresas nacionales, el apoyo del Gobierno comunista a las emisiones de deuda pública española o los préstamos de bancos chinos para financiar las compras e inversiones de empresas españolas en su territorio.

La intensificación de la apuesta china por las empresas españolas ha elevado hasta 10.000 millones de euros las inversiones procedentes del gigante asiático en España, con especial intensidad en sectores como la energía y las telecomunicaciones. La inversión china contiene elementos muy atractivos para los grupos españoles que buscan reforzar su capital. El interés por el dividendo que mueve a los inversores chinos otorga un carácter evidente de estabilidad a su presencia en el accionariado de empresas nacionales. El gancho que supone la rentabilidad media que ofrecen las grandes cotizadas españolas –de media un 6%– ha sido un elemento catalizador de estas operaciones. Por otro lado, el anhelo de las autoridades comunistas por transformar el tejido productivo chino centrado en la producción a gran escala de todo tipo de productos por otro en el que prime el valor añadido y la tecnología les ha llevado a poner sus ojos en el know-how y las innovaciones que atesoran las empresas españolas. No obstante, los gobiernos español y chino acaban de firmar un acuerdo para el uso conjunto de infraestructuras científicas, el intercambio de personal investigador y la colaboración en programas conjuntos.

Tampoco debe pasarse por alto que las grandes multinacionales chinas, que han reforzado su posición en Iberoamérica y África en los últimos años, pueden llegar a ser socios estratégicos para aumentar la internacionalización de las empresas españolas.

... Mientras tanto, nuestros socios oficiales nos zancadillean.

Los trabajos preparatorios de la cumbre europea que se celebrará a finales de mes en Bruselas están sirviendo para constatar que, pese a la gravedad de la crisis, Europa sigue siendo rehén de su históricamente lento proceso de toma de decisiones. Mientras en EEUU o Japón se han adoptado medidas extraordinarias para combatir el agravamiento de la recesión, la UE es incapaz de consensuar un plan conjunto de impulso a la actividad y rearmarse frente a próximos envites de los mercados. La directiva para la creación del mecanismo único europeo de recuperación y resolución de entidades financieras en dificultades, que debería estar lista este semestre, ha sufrido un nuevo retraso; el BCE se resiste ahora a asumir la supervisión de los grandes bancos comunitarios sin un previo análisis profundo de sus balances; y del Fondo de Garantía de Depósitos común o la mutualización de la deuda pública nada se sabe. En suma, la unión bancaria, llamada a ser el elemento decisivo de la integración comunitaria, parece condenada a vagar por los pasillos de las instituciones europeas en los próximos meses, pese al empeño de gobiernos como el español para que se ponga en marcha.

La exigencia de avances en la unión bancaria es uno de los aspectos clave del pacto entre Rajoy y Rubalcaba para tratar de reforzar la posición española ante el Consejo Europeo, junto a la lucha contra el paro juvenil. Pero cabe esperar pocos frutos de esta cumbre si no se produce antes un giro en la actitud inmovilista de los socios noreuropeos más ortodoxos, por mucho que la canciller alemana Angela Merkel anunciase hace dos semanas, junto al presidente francés François Hollande, una nueva etapa a nivel comunitario para estimular el crecimiento y que los ministros de Finanzas y Empleo de Alemania, Francia, España e Italia instasen el pasado viernes a desbloquear los 6.000 millones de euros previstos en el presupuesto comunitario de 2014- 2020 para el empleo juvenil.