El Plan de Pago a Proveedores, un oasis en medio del desierto de la crisis.

La reedición del Plan de pagos a los proveedores de las Administraciones Públicas, visto el éxito del anterior programa, constituye una noticia esperanzadora para las empresas españolas que viven atenazadas por la restricción del crédito bancario y la insoportable morosidad pública y privada. Las comunidades autónomas y ayuntamientos que el año pasado recibieron casi 30.000 millones de euros para poner al día sus facturas tardaron poco en volver por sus fueros. El sector público español sigue pagando de media en 155 días, cuando el tope máximo legal es un mes, lo que convierte a la Administración pública española en la más morosa de Europa tras la italiana y la griega. De ahí que el aspecto más relevante de este nuevo plan, además de movilizar entre 15.000 y 20.000 millones hacia el tejido productivo, sea la implantación de fórmulas que eviten que se generen nuevas bolsas de morosidad pública.

El Gobierno va a introducir en la reforma de la ley de morosidad la posibilidad de que los proveedores de cualquier Administración o empresa pública puedan reclamar en el futuro directamente a Hacienda el pago de las facturas vencidas que no se abonen en plazo. Posteriormente, el Ministerio restaría esas cantidades de los fondos que transfiere habitualmente a las comunidades y ayuntamientos. Se trata de una iniciativa coherente de cara a desterrar de una vez por todas las costumbres de mal pagador del sector público, que se han demostrado especialmente perniciosas en esta crisis por su efecto devastador en la superviviencia de las empresas al generar cuellos de botella en los flujos de liquidez.

Pica para ampliar

Del igual modo, Hacienda debe mantener la estricta vigilancia seguida hasta ahora sobre el pago de las facturas pendientes que priorizan las autonomías y ayuntamientos con el fin de asegurar que el dinero consignado se destina a las materias más sensibles (como la Sanidad o la Educación) y no a mantener artificialmente ruinosas apuestas fallidas o dotar las partidas de tinte soberanista, como pretendía Cataluña. Y también evitar que las Administraciones morosas usen vericuetos legales para seguir retrasando sus pagos. Lo que todos los estamentos del sector público deben asumir de forma definitiva es que sus gastos deben estar alineados a los ingresos previstos y que no pueden seguir financiándose eternamente a costa de sus proveedores.