No todo vale cuando hablamos de huelgas.

El Gobierno parece haber tomado nota de lo sucedido durante el reciente conflicto laboral entre los trabajadores y las empresas concesionarias del servicio de limpieza en la ciudad de Madrid, durante el cual se produjo un incumplimiento sistemático de los servicios mínimos acordados. Debido a ello, los madrileños debieron soportar la acumulación durante catorce días de basura y desperdicios en sus calles, con los riesgos evidentes que ello conllevaba para la salud, la economía y la imagen de la ciudad. Los empleados de estas compañías volvieron a tomar como rehenes a los ciudadanos para tratar de lograr sus reivindicaciones, algo que se ha repetido en demasiadas ocasiones cuando los trabajadores de algún servicio público básico han decidido ponerse en huelga y llevar sus protestas al extremo. Casos recientes como los protagonizados por los controladores aéreos, los trabajadores de Adif y Renfe, los de Metro de Madrid o los de algunos hospitales madrileños así lo demuestran.

Por eso, desde esta web hemos reclamado valentía al Gobierno actual y al anterior para que lleve a cabo una de las tareas pendientes desde la Transición que sus antecesores no han sabido o no se han atrevido a llevar a cabo: la elaboración de una ley de huelga que fije los límites a las protestas de los trabajadores, establezca los cauces para la negociación entre trabajadores y empresarios en los casos de conflicto, regule los servicios mínimos y fije las sanciones correspondientes a los incumplimientos. Es una buena noticia, por tanto, el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que ha encargado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que elabore una normativa sobre los servicios mínimos “que haga compatible el derecho de huelga con el de los ciudadanos”. Una propuesta que, aunque supondría un avance digno de reconocer, se antoja escasa para evitar que el conjunto de la ciudadanía vuelva a verse atrapado en cualquier trampa tendida por futuras huelgas de empleados de servicios públicos básicos aprovechando su posición privilegiada de capacidad de presión a las Administraciones. Dada la importancia de esta reforma, sería conveniente una actitud constructiva de la oposición en apoyo de esta regulación.

En este sentido, la normativa debería impulsar soluciones alternativas y preventivas de las huelgas, como establecer arbitrajes obligatorios en los sectores con un especial impacto sobre la sociedad, además de acotar la duración máxima, la casuística y la proporcionalidad de las movilizaciones.

Mañana os subiré un post escandaloso de esos que intento evitar para que no se tache este blog de sectario y pierda la credibilidad de sus lectores. No quería hacerlo pero no he podido resistirme. A los fieles de la bitácora emplazo mañana en estas páginas que se quedarán sorprendidos de lo que voy a subir.