Los Presupuestos Generales de Mas no se los cree nadie.

Los Presupuestos anuales son el principal arma económica de todo Gobierno para la obtención de sus fines. Analizando desde esta perspectiva las cuentas para 2014 que acaba de presentar la Generalitat catalana resulta complicado inferir qué objetivos pretende lograr el Ejecutivo que preside Artur Mas y, lo que es aún más grave, cómo pretende hacerlo. Pese a la delicada situación financiera de Cataluña, el Govern aspira a no llevar a cabo nuevos recortes sustanciales del gasto público en el próximo año porque, según el consejero regional de Economía, Andreu Mas-Colell, el adelgazamiento del gasto autonómico ha llegado al límite. Unas declaraciones que no son coherentes con el incremento de partidas fútiles como la destinada a las “embajadas” en el extranjero (que se duplica, hasta los 2,2 millones), la reservada para posibles procesos electorales (comicios anticipados o una hipotética consulta soberanista, a la que se destinarían 10,6 millones) o la correspondiente a la llamada renta mínima de inserción, que pasa de 100 millones a 173 millones en sólo un año.

El apartado más sorprendente de estas cuentas es el de los ingresos: la Generalitat da por hecho que conseguirá 1.454 millones con la privatización y la venta de unos activos que se ha negado a detallar. Pero los precedentes de anuncios similares no invitan al optimismo (la venta de activos inmobiliarios en los últimos ejercicios apenas suma 200 millones): más bien parece un anhelo voluntarista que una previsión real para ajustarse al tope de déficit del 1% del PIB marcado por Hacienda, quizá con la confianza puesta en que la negociación política para rebajar las ansias soberanistas de Mas y sus socios den lugar a nuevas traspasos de recursos del Estado central hacia esta comunidad autónoma. Llama la atención, de hecho, que la Generalitat haya optado por no contabilizar en sus presupuestos el dinero que hace unas semanas reclamara públicamente su presidente por supuestos agravios cometidos contra Cataluña en materia de financiación.

Lo que sí queda claro es que, rehén de su dependencia de ERC para sacar adelante estas cuentas, la Generalitat seguirá aumentando sus impuestos mientras otras regiones (Madrid, Cantabria, Extremadura, Galicia e incluso Valencia) realizarán las primeras rebajas tributarias desde el inicio de la crisis. Una brecha fiscal que explica la fuga de contribuyentes catalanes a otras provincias y que resulta especialmente dañina para la debilitada industrial regional, para la que los fondos de apoyo caen a la mitad.