Insistimos con el desfase de las pensiones. La revisión del Pacto de Toledo no debe hacerse esperar.

La sostenibilidad de las pensiones volvió ayer a debatirse en el Congreso de los Diputados por el debate de la enmienda a la totalidad a la reforma presentada por el Gobierno. Una norma que la ministra Fátima Báñez consideró clave para que el “barco de las pensiones” permanezca “siempre a flote”. El sistema público de previsión se ha visto atrapado en los últimos años en una peligrosa deriva a causa del desplome de los ingresos por cotizaciones combinado con un alza desorbitada de los compromisos de gasto debido al aumento del número de perceptores y a que el importe medio de las nuevas prestaciones es notablemente superior al de las que ya se estaban abonando. De hecho, desde 2003 la partida destinada a pensiones contributivas se ha incrementado un 76%. Las cuentas de la Seguridad Social cerraron con un déficit de 10.000 millones el año pasado y acumulan unos números rojos de 16.800 millones en el actual ejercicio, por lo que el Gobierno deberá extraer 5.000 millones en todo este año para poder realizar los pagos habituales a los pensionistas.

El desfase entre los ingresos y pagos del sistema público afecta a todas las regiones españolas a excepción de Madrid, que aún mantiene un mínimo superávit, mientras que Andalucía o Cataluña arrastran un déficit mayor de 2.800 millones cada una. Esta realidad es la que debe llevar a extremar la prudencia al aplicar los nuevos mecanismos de revisión anual de las pensiones. El equilibrio patrimonial de la Seguridad Social será muy difícil de restituir a corto plazo. Según un estudio de BBVA, para absorber el reto que supondrá la jubilación progresiva en los próximos años de los nacidos durante el baby boom de los sesenta sin alterar el sistema actual de pensiones la economía española debería crear once millones de nuevos empleos antes del año 2050. Toda una quimera.

A corto plazo, el Gobierno debe mantenerse firme frente a las presiones de la oposición para realizar un mayor incremento del anunciado (0,25%) debido al elevado coste que conlleva (el gasto total un 4,9%) y aprovechando el marco coyuntural que ofrece la desaparición de las tensiones inflacionistas tras la caída del IPC en una décima durante el pasado septiembre.