El sistema de IVA de caja boicoteado por las grandes empresas.

Una de las medidas estrella del Ejecutivo para inyectar liquidez a las pymes corre peligro de verse frustrada debido a la oposición de las grandes empresas. El sistema llamado “IVA de caja” permitirá, desde enero, a las compañías con una facturación inferior a los dos millones de euros no tener que ingresar en Hacienda este impuesto hasta que consigan cobrar las facturas. Pero eso también supone que, por la misma regla de tres, el resto de empresas que les contraten no podrán deducirse las cantidades correspondientes a ese gravamen hasta que realicen los pagos debidos a esas pymes. Una medida coherente en un contexto en el que se han producido fuertes tensiones de tesorería por culpa de la operativa tradicional de dilatar los pagos a los proveedores todo lo posible; causa última, según algunos expertos, de la defunción de hasta 200.000 compañías desde el inicio de la crisis. No debe olvidarse que la Comisión Europea ha amenazado con graves sanciones a España si se mantienen los incumplimientos sistemáticos de los plazos de pago máximos contemplados por la normativa comunitaria, de 30 días.

Sin embargo, las grandes empresas no están dispuestas a renunciar al alivio fiscal que suponen las deducciones anticipadas por IVA, que implicaría un coste financiero relevante, motivo por el que han comenzado a alertar a sus proveedores que dejarán de contratar a aquellas compañías que se acojan al sistema de IVA de caja. Presiones que se están dando con mayor intensidad en los sectores que tradicionalmente han sido más morosos, como la construcción, la logística y la hostelería. Ello supondría un golpe de muerte para muchos pequeños negocios y para decenas de miles de autónomos cuya supervivencia depende, con más intensidad si cabe en los tiempos actuales, del negocio que les reporta un gran cliente. Es de prever, por tanto, que si se ven ante la disyuntiva de perder al nutriente fundamental de su facturación (aunque los cobros sean tardíos e irregulares) o aminorar levemente su factura fiscal, opten sin dudarlo por mantener el statu quo imperante hasta ahora.

Sin llegar a ser una suerte de policía empresarial, el Gobierno debe garantizar que no se produzcan abusos intolerables de posición de dominio por parte de las grandes empresas sobre las pymes y que sus relaciones contractuales se adecuan a la legalidad. Una alternativa sería permitir a las grandes empresas que se deduzcan el IVA aunque no hayan abonado las facturas, pero eso conllevaría el riesgo moral de avalar las prácticas morosas y hacerlo con cargo a las arcas públicas.