Europa insiste y Rajoy persiste.

Bruselas puso ayer el dedo en la llaga de la economía española. Como hemos alertado en diferentes ocasiones desde esta bitácora, superado el enorme reto de frenar la recesión, ahora el principal riesgo es que España quede atrapada en una lenta y costosa recuperación a la japonesa, en la que el consumo y el empleo crezcan muy despacio. La implementación de las reformas pendientes y de otras nuevas (por ejemplo, en el mercado laboral para incentivar la contratación) es la única vía para evitar ese peligroso escenario, según la Comisión Europea; en línea con lo que han venido señalando diversos expertos. De hecho, el Ejecutivo comunitario ha revisado a la baja en cinco décimas su previsión de aumento del PIB español para 2014, hasta el 0,5%, debido al impacto de las medidas de ajuste previstas; mientras que la tasa de paro sólo se reducirá en dos décimas durante todo el año que viene (hasta el 26,4%), aún así más optimista que la del FMI (26,7%), pero lejos del 25,9% estipulado en el cuadro macro del Gobierno español.

En todo caso, el mensaje es elocuente: España debe evitar caer en la complacencia y pensar que con los esfuerzos que ha realizado hasta ahora se logrará volver a crecer con fuerza. Bruselas señala, de hecho, importantes amenazas que será necesario afrontar en breve: la recuperación del crédito para el sector privado, la débil marcha de los ingresos por impuestos que pondría en riesgo la senda de reducción del déficit público –la Comisión espera que este año llegue al 6,8% frente al 6,5% marcado, y para 2014 superará en una décima el objetivo del 5,8%– y el crecimiento excesivo de la deuda pública, que alcanzará la barrera psicológica del 100% a lo largo del próximo ejercicio. Es por ello que ve inevitable que España deba aprobar nuevas medidas de consolidación fiscal, especialmente de cara a 2015, para taponar un agujero presupuestario que Bruselas cifra para entonces en 26.000 millones de euros.

Visto el resultado de las últimas subidas de impuestos sobre la recaudación –han generado una pérdida neta de ingresos, según algunos expertos– y el efecto que nuevos anuncios en este sentido podrían tener sobre la propia recuperación, resulta previsible que Europa apriete en el futuro las cuerdas a España respecto al recorte del gasto público. Sería conveniente que el Gobierno tome nota y se apresure con la postergada reforma de las administraciones públicas, además de restituirle la ambición y el alcance que ha ido perdiendo conforme avanzaba su tramitación.